Tras el archivo del proceso que investigaba la comercialización de las cuotas participativas de la CAM, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dado un nuevo carpetazo a otra de las piezas abiertas por la gestión de la caja de ahorros valenciana: la que indagaba supuestos pelotazos a través de operaciones inmobiliarias financiadas por la extinta entidad de ahorros.
La causa no se archiva porque se haya descartado la existencia de delito sino porque, según sostiene la juez en el auto de archivo, los hechos ya estaban prescritos cuando se denunciaron. En el auto notificado ayer, la juez hace suyo los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción que considera estas actuaciones constitutivas de un delito de administración desleal, cuyo plazo de prescripción es de cinco años, en vez de un cargo de apropiación indebida, cuya caducidad es justo el doble, lo que habría permitido seguir investigando.
Entre los querellados en este proceso se encuentran el exdirector general de la caja de ahorros Roberto López Abad y su hombre de confianza en inversiones inmobiliarias, Daniel Gil Mallebrera, además de todos los miembros de la comisión de control que presidía Juan Ramón Avilés, el órgano encargado de fiscalizar las operaciones bajo sospecha. A ellos se suman los responsables de las empresas socias de la CAM: Enrique Ballester, José Luis Bartibas y José Miren Garmendia
Plusvalías
El proceso, denominado TIP-suelo, se abrió en febrero de 2015 como pieza separada de la que investigaba el falseo de la cuentas de la entidad. Su objeto era analizar «si la CAM permitió, a través de unas operaciones bancarias y financieras, que los socios de las mismas obtuvieran grandes beneficios sin tan siquiera iniciarse los proyectos al vender el suelo de reciente adquisición con enormes plusvalía».
