A pesar de lo escrupulosos que han sido sus dirigentes para evitar que la consideraran como sucesora de la extinta Cierval, el cerco -judicial y administrativo- se estrecha sobre la nueva patronal autonómica CEV, cada vez con más posibilidades de tener que asumir las responsabilidades laborales y económicas de su desaparecida antecesora. El último paso adelante proviene del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) que, en una ampliación de demanda, señala directamente a la CEV. Tras el cierre de Cierval, la mayoría de sus empleados, que fueron todos despedidos, recurrieron a la Justicia contra aquella decisión, que les dejó en la calle sin siquiera la indemnización.
Los extrabajadores entendían que la CEV, socia fundadora de Cierval como organización empresarial representativa de la provincia de València, debía hacerse cargo de sus empleos o del coste de sus despidos desde el momento en que se transformó en autonómica. Eso ocurrió el año pasado. Esta cuestión se está dirimiendo en el juzgado de lo social número dos de València. En el número once, por su parte, se está instruyendo la demanda que presentó el también despedido exsecretario general de la Cierval, Javier López Mora. En su caso, según confesión propia, fue para tratar de cobrar a través del Fogasa una parte de lo que no le pagó Cierval. El Fogasa, conocedor de la demanda de los otros exempleados dirigida contra la CEV, pidió un informe a la Inspección de Trabajo para determinar si le correspondía pagar al fondo o a la patronal. El documento concluyó que la CEV, Cierval y las provinciales de Castelló y Alicante formaban parte del mismo grupo y, por tanto, tendrían que responder solidariamente de las deudas generadas por cada una de ellas.
A resultas del documento, tanto el Fogasa como López Mora han procedido a una ampliación de demanda, que ahora afecta a las cuatro patronales y a los administradores concursales de Cierval. El juzgado de lo social número 11 ha fijado para el 12 de septiembre un acto de conciliación al que cita a la antigua autonómica con la advertencia de que, en caso de incomparecencia, «podrán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieren las preguntas». La cédula de citación ya menciona que Cierval «se halla en ignorado paradero». Y tanto. Como que ya no existe.
Si los tribunales consideran que la CEV debe hacerse cargo de los costes de despido de los exempleados de su antecesora, se abriría la puerta a que tuviera que hacer frente a deudas mayores, sobre todo con la administración, tanto de Cierval como de CEC y Coepa. No obstante, conviene recordar que la Generalitat ya dejó dicho el año pasado que no considera que haya sucesión de empresas entre Cierval y CEV.
