Las comisiones rogatorias expedidas por Andorra a instancias del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional que investiga las operaciones en el Caribe de la sociedad Valfensal, participada por la antigua CAM y dirigida por los empresarios alicantinos Juan Ferri y José Baldó, revelan que estos últimos llegaron a disponer de 41 cuentas en AndBank y la Banca Privada d'Andorra, donde ingresaron la mayor parte de los 380 millones de euros en créditos concedidos por la extinta caja alicantina para sus inversiones hoteleras en Punta Cana o Playa del Carmen, entre otras ubicaciones del Caribe mexicano, según informaba ayer la Cadena Ser tras el levantamiento del secreto de sumario.

Desde allí, según la policía andorrana, operaban con «un entramado de sociedades mercantiles, instrumentales o sin actividad comercial en Panamá y las Antillas Holandesas», diseñado para «ocultar los fondos y activos, así como para dificultar la localización o identificación» de las operaciones, tal como detalla la citada emisora.

Los movimientos de las cuentas revelan grandes disposiciones de efectivo, de hasta 2 millones de euros en varias ocasiones, y transferencias multimillonarias a paraísos fiscales como Curaçao, entre los años 2008 y 2013, coincidiendo con la concesión de los créditos bajo sospecha.

La Fiscalía Anticorrupción detalla que la mayor parte de los créditos de la CAM a Ferri y Baldó fueron concedidos de forma «irregular», sin «información suficiente» sobre la viabilidad de los proyectos, sin un informe de tasación de los terrenos a adquirir, ni un estudio de mercado. Además, los empresarios obtuvieron «ventajosas» condiciones de refinanciación.

Sin embargo, la fiscal Belén Dorremochea solo acusa a Ferri y Baldó de haber defraudado al fisco un total de 11.620.138,3 euros. Ha solicitado, y conseguido, el archivo por administración desleal, con lo que exculpa a los exdirectivos de la CAM que concedieron los préstamos al entender que no hay un perjuicio para la entidad porque los empresarios se han comprometido a devolverlo. El Fondo de Garantía de Depósitos ha recurrido la decisión a la Sala de lo Penal de la Audiencia, porque incluso el Banco de España ha ratificado que la pérdida para el erario público fue como mínimo de 28 millones de euros.