Ni siquiera a la cuarta fue la vencida. La Conselleria de Economía sigue reincidiendo en los tropiezos a la hora de regular una materia, los horarios comerciales y la apertura en festivos, que no permite pasar página a un sector que lleva dos décadas centrando sus energías en ampliar o reducir al máximo el número de festivos que pueden abrir los establecimientos.
El último episodio es la amenaza del Gobierno de un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva normativa, aprobada hace apenas un par de meses con el consenso del sector. El nuevo decreto fija algunos límites a la libertad horaria y la Abogacía del Estado los cuestiona. Concretamente, la prohibición por ley de abrir en determinados festivos, como el Día del Trabajo o el 9 d'Octubre; y también la obligación de revisar cada cuatro años las zonas de gran afluencia turística para comprobar si mantiene las condiciones que llevaron a su declaración.
Este es el último conflicto jurídico, pero no es precisamente el primero. En febrero de 2015, la Conselleria de Economía, aún bajo mandato del PP, aprobaba un decreto de horarios comerciales que el Gobierno terminó mutilando en una Comisión Bilateral como la que ahora ha vuelto a poner en marcha Madrid.
Son dos casos calcados. La Abogacía del Estado, entonces como ahora, impugna la voluntad de la conselleria de revisar las zonas de gran afluencia. El equipo de Máximo Buch fijaba esa revisión a los dos años; en el actual decreto se establece cada cuatro años. El Gobierno entiende que se vulneran la ley estatal de comercio y la de unidad de mercado.
El actual director de Comercio, Natxo Costa, prácticamente se estrenaba en el cargo en 2015 con esa Comisión Bilateral, en la que tuvo que renunciar a la revisión para evitar que el Gobierno tumbara la norma en el Constitucional. Tres años después ha vuelto a la carga. Y lo ha hecho asumiendo algún riesgo, ya que la propia Abogacía de la Generalitat le advirtió hace meses del conflicto que podría generarse si se fijaba un plazo de vigencia.
Entre aquel conflicto competencial y este, la Conselleria de Economía ha protagonizado otros traspiés. Y de mayores consecuencias políticas.
En 2016, Ayuntamiento de València y Generalitat pactaron la restricción de la libre apertura en València a solo dos zonas. Un informe de la Abogacía de la Generalitat, sin embargo, señalaba un defecto de forma que tumbó la restricción. Aquello provocó una crisis en el seno de la conselleria entre la entonces secretaria autonómica, María José Mira, y el conseller Climent. Mira fue reubicada en Hacienda.
Costa ve un intento de boicot del PP
Medio año después, otro organismo consultivo, el Consell Jurídic, volvió a frenar el segundo intento de Economía para restringir la libertad horaria. Pretendía revisar de oficio las zonas de gran afluencia turística en vigor, pero el dictamen lo desaconsejó amparándose en jurisprudencia del Supremo.
Ahora, la política de Compromís contra las aperturas en festivo se enfrenta al enredo jurídico por cuarta ocasión. En este sentido, el director general de Comercio, Natxo Costa, ve en las discrepancias del Gobierno un «trasfondo político». «Después de que el sector haya llegado a un acuerdo prácticamente unánime, ahora el Gobierno del PP impugna un acuerdo en contra de los intereses del acuerdo de las empresas». La «amenaza de inconstitucionalidad» planteada por el Estado «no tiene justificación», ya que discrepa de aspectos «muy menores de la legislación». En este sentido, Comercio ya tiene lista una batería de argumentos que pretende hacer valer ante el Gobierno.
Entre ellos, una sentencia del Constitucional que, en su opinión, habilita la competencia autonómica para determinar que no se abra en determinados días.
El PPCV censuraba ayer una política que tilda de «chapuza». Pero que, aunque sea a golpe de ensayo y error, ha ido avanzando hacia sus objetivos.
