El último informe de auditoría realizado por Intervención General de la Generalitat sobre las cuentas del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), favorable aunque con salvedades, exige al organismo público dependiente de la conselleria gobernada por Elena Cebrián el reintegro de 2.998.223,92 euros correspondientes a transferencias corrientes y subvenciones recibidas durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015, período en el que la conselleria estaba todavía en manos del PP.
Otra salvedad detectada por el ente controlador de las cuentas públicas del Consell, es la valoración superior de terrenos y construcciones del IVIA, cuyo importe inicial de 13 millones de euros es rebajado por Intervención a 9 millones. Además, señala que «no existe suficiente documentación sobre su adecuada integridad, registro y valoración» de dicho patrimonio.
Respecto a los gastos de personal, el IVIA -que en las dos últimas décadas no ha reemplazado unas cuarenta plazas de investigadores tras su jubilación y por los recortes en otros tiempos- «está realizando contratación temporal recurrente para los proyectos de investigación mientras que en su RPT (Relación de Puestos de Trabajo) hay plazas de investigadores que permanecen vacantes durante varios ejercicios», advierte el organismo de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
Además, indica que el instituto de investigación agraria con cuartel general en Moncada «no tiene aprobadas las instrucciones que garanticen la correcta ejecución de los servicios externos contratados. Y que en los contratos menores de suministros y servicios de importe superior a 6.000 euros (IVA excluido) no indica la declaración del grupo empresarial al que pertenecen las ofertas consultadas, así como de las empresas que lo integran.
Costes externos
El IVIA, según Intervención «está utilizando indebidamente la figura del contrato menor para satisfacer sus necesidades de carácter recurrente de tal manera repetitiva para responder a este tipo de necesidades, eludiendo los preceptos legales correspondientes sobre publicidad y procedimiento de adjudicación». Y tampoco tiene establecido el procedimiento de imputación del coste total por proyecto que incluya tanto los costes externos como el coste de personal propio (6,4 millones de euros).
