Poner fin a la instrucción e indicar el camino al banquillo a trece personas. Es el planteamiento que ha hecho llegar a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), personado como perjudicado y acusador particular en la causa que investiga los negocios que la CAM montó en el Caribe a través de Valfensal, una mercantil de la que la caja tenía el 30% y los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó el 70% restante.
La petición del FGD se produce después de que el tribunal de la Audiencia Nacional haya enmendado la plana a Lamela levantando el archivo que había dictado sobre una parte de la investigación (la relativa a la apropiación indebida, que era la que mantenía como investigados a los exdirectivos de la CAM) y ordenando que se determine en un juicio si los investigados se apropiaron de dinero en perjuicio de la caja y si se cometió delito fiscal.
El abogado que representa al organismo que inyectó 5.249 millones a la CAM para que pudiera ser vendida al Sabadell por un euro, procesamiento por los delitos de administración desleal y/o apropiación indebida contra el exdirector general de la caja Roberto López Abad, contra su responsable de inversiones inmobiliarias Daniel Gil y contra sus socios en Valfensal Ferri y Baldó. A estos investigados se suman Vicente Sánchez, César Véliz, José Francisco Climent y seis miembros de la comisión de control de la caja: su presidente Juan Ramón Avilés además de Remedio Ramón, Asunción Martínez, Dolores Mataix, Francisco Grau y José Manuel Uncio.
