De alguna manera, fue el cónclave de la vertebración. Mientras, en clave interna, los dirigentes políticos y empresariales ponderaban las bondades de la nueva patronal autonómica como factor de integración de las distintas sensibilidades de castellonenses, alicantinos y valencianos, de cara al exterior alertaron -el grito iba dirigido a eso que se llama Madrid, o la capital, o sus poderes fácticos- de los peligros de no atender las reivindicaciones valencianas. No lo dijeron de forma explícita, pero dejaron entrever que responder con el silencio puede colocar a la Comunitat Valenciana en la senda reivindicativa catalana.
Lo dijo en primer lugar Salvador Navarro, a quien la asamblea de la patronal autonómica CEV acababa de reelegir por aclamación como presidente. Citaba en su posterior intervención la infrafinanciación que padece la Comunitat Valenciana y entonces dijo: «Bien harían los políticos en no desatender una reclamación justa de toda una sociedad y evitar su desafecto y quién sabe si su radicalización».
En la clausura del acto, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, recogió el testigo para calificar de «peligrosa» la «pedagogía que se aplica», porque «no es razonable» que «se cierre la puerta» a la «vía valenciana, que es la del acuerdo». También añadió que no ve con buenos ojos que el Estado, o su reforma, se convierta en un «mercado persa». Puig afirmó que «España necesita un nuevo proyecto reformista y volver a lo mejor de la Transición». En su opinión, las soluciones a buscar, «dentro de la legalidad», deben ser políticas. El jefe del Consell cuantificó algunos costes de la infrafinanciación y el recorte de las inversiones del Estado en la autonomía: un punto de crecimiento anual del PIB.
Suicidio demográfico
Al inicio de su intervención, Puig destacó el «liderazgo» de Navarro y consagró el apoyo sin fisuras de la Generalitat a la nueva patronal autonómica, surgida el año pasado de las cenizas de Cierval y de las provinciales de Castelló y Alicante. Una loa similar había pronunciado previamente el presidente de la patronal española CEOE Joan Rosell, quien acudió al acto acompañado de los máximos dirigentes de las organizaciones de Madrid, Aragón, Murcia y Baleares, así como de Cepyme. Navarro, en su discurso, alertó también contra el «suicidio demográfico» que amenaza al país y que afecta a la viabilidad del sistema de pensiones, pero también al mercado laboral, a la educación y la sanidad.
Por otro lado, la asamblea de la CEV, además de nombrar al nuevo comité ejecutivo, que se amplía a 31 miembros con otros diez con voz pero sin voto, aprobó las cuentas de 2017, con un déficit de casi 230.000 euros por los 270.000 que ha tenido que pagar por las sanciones del Banco de España a seis de sus dirigentes que la representaban en la SGR autonómica, y el presupuesto de 2018, que asciende a 2,09 millones.
