La C. Valenciana se está convirtiendo en uno de los principales destinos de los ricos extracomunitarios que buscan el permiso de residencia a cambio de una inversión inmobiliaria. Es la conocida como golden visa, pensada para atraer talento de emprendedores, profesionales altamente cualificados, empresas que se trasladan, proyectos de inversión y también para todos aquellos que realicen desembolsos por un inmueble de al menos 500.000 euros. Una cantidad considerable teniendo en cuenta que se trata de una segunda residencia. Con esta inversión tienen derecho a solicitar un permiso de residencia, que permite trabajar y renovarlo hasta cinco años.

En los cuatro años que está en marcha esta normativa aprobada por el Gobierno de Rajoy, Alicante ha atraído 232 inversiones en inmuebles, y València, 130: 362 millonarios en total. Es el 11,5% del total en España, que lidera con mucha diferencia Barcelona (1.384 inversiones), Madrid (490) y Málaga (473). Son operaciones realizadas entre el 28 de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2017. Solo en este último año, ha crecido casi un 60% el número de visados concedidos en Alicante y València.

Por países, los chinos son quienes más están invirtiendo, con un 37% de las 3.140 inversiones. Le siguen Rusia (834), Ucrania (122), Egipto (80) y Venezuela (79). En total, el montante desembolsado a cambio de estos 3.140 permisos de residencia asciende a 2.332 millones de euros.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Economía, la práctica totalidad de las inversiones (94%) van ligadas a compra de inmuebles. En estos cuatro años solo ha habido 62 inversiones en proyecto empresarial (de un total de 3.351) y 137 de capital.

En el balance de estos cuatro años, España ha incorporado 7.936 profesionales altamente cualificados, una categoría liderada por Venezuela, Brasil, India y Estados Unidos. Y 2.164 investigadores, con Colombia, India y China como principales países emisores.

La golden visa es un reclamo de inversión muy extendido en países de la Unión Europea. Rajoy lo incorporó en plena crisis dentro de la ley de fomento del emprendimiento. Son las propias inmobiliarias las que se ocupan del papeleo y ofrecen este tipo de servicios como vía para captar clientes de alto poder adquisitivo en países emisores.