La infradotación de recursos de inspección turística no tiene visos de resolverse. El Ministerio de Hacienda no permite a Turismo ampliar el crédito del capítulo 1, por lo que no puede incrementar la plantilla. «Se ha pedido pero de momento no nos han dado el visto bueno. Mientras no nos permitan ampliar el presupuesto destinado a capítulo 1, que es personal, no se podrán sacar nuevas plazas», explican desde la AVT. Las restricciones presupuestarias que impone Montoro solo permiten contrataciones en caso «urgente e inaplazable».

En esta legislatura, la AVT «ha hecho un esfuerzo para cubrir todas las vacantes, que estaban sin personal. Sin embargo, seguimos necesitando más efectivos. Es muy importante tener la posibilidad de crear plazas nuevas porque el retorno económico es claro. Es fundamental para garantizar un modelo turístico de calidad. Somos conscientes de que las plazas en sanidad y educación son necesarias y preferentes, pero determinados ámbitos de la economía productiva como el turístico necesitan también una mayor sensibilidad del Gobierno para interpretar los retos que tiene el sector», asegura Francesc Colomer.

El problema fundamental es que, además de no poder ampliar plazas, tampoco se puede externalizar la función de inspección, como la apertura de expedientes, sanciones, etc. Con todo, la AVT sí que va a licitar un contrato de 55.000 euros para contratar la revisión de las viviendas que ya están en el registro autonómico. El contrato está aún pendiente del informe de la Abogacía de la Generalitat para salir a concurso.

Y otra vía que ha encontrado la Generalitat para ampliar el cuerpo de inspectores de forma indirecta es la firma de convenios con los ayuntamientos para que la Policía local, que sí tiene autoridad, pueda inspeccionar viviendas. Ya se ensayó en Gandia y este verano se extenderá a otros municipios.