El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha archivado la pieza separada que abrió para investigar el diseño y la comercialización de las preferentes de Caja Madrid y Bancaja al considerar, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que no ha quedado acreditado que las entidades emitieran este producto financiero con el objeto de engañar a los inversores.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 expone en dos autos que ha terminado la instrucción de la pieza separada del caso Bankia y que tampoco se ha podido comprobar que los directivos de estas entidades contra los que se dirigió la querella inicial emitieran estas participaciones a sabiendas de que se trataba de un producto tóxico con el fin de engañar a los clientes.

El juez acotó la investigación a la venta de preferentes en Caja Madrid desde 2009 por valor de 3.000 millones de euros ya que no es posible reproche penal contra las emisiones hechas los años previos ni tampoco contra la emitidas por Bancaja durante los años 1999 y 2000 (por importe de 300 millones de euros) por prescripción del presunto delito.

Tampoco ha quedado acreditado, ni por la vía testifical ni documental, que los comerciantes de las entidades recibieran instrucciones para comercializar el producto entre los inversores más inadecuados de manera que se contradijera lo recogido en los contratos y en los test de idoneidad que la caja extinta corrigió siguiendo las indicaciones del supervisor. Con todo, reconoce que se han podido producir «graves deficiencias» en la venta de este producto financiero y que incluso han podido primar los propios intereses de los vendedores por encima de los de sus clientes; por ello remite a los preferentistas a la vía civil para satisfacer sus intereses.

Además, matiza que en este caso no se acredita la existencia de estafa tal y como se reconoce en la jurisprudencia porque para ello hubiera sido necesario que los directivos de Caja Madrid que impulsaron la emisión de preferentes fueran conocedores en ese momento de la futura situación de insolvencia de la entidad que acabó integrando el Sistema Institucional de Protección (SIP) del que nació Bankia cuando José Luis Olivas presidía Bancaja y Rodrigo Rato, Caja Madrid.

Bankia informó ayer de que ha devuelto en total 2.800 millones de euros a los titulares de instrumentos híbridos (preferentes y subordinadas) emitidos por las cajas de ahorros que cofundaron la entidad. De esa cifra, 1.700 millones han sido por la vía judicial y 1.100 millones a través del proceso de arbitraje. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha devuelto su inversión, durante los seis últimos años, a más de 170.000 personas que invirtieron en estos productos, según el citado comunicado.