La petición puesta en marcha por la secretaria autonómica de Economía, Blanca Marín, para lograr que Iberdrola eleve la potencia de la red en algunas áreas de la C. Valenciana y que la factura energética de la industria autonómica sea más baja no ha encontrado eco en Madrid. El Gobierno se desentiende de la propuesta y señala que se trata de una decisión que compete a las distribuidoras.
El diputado de EU Ricardo Sixto ha llevado esta situación a Madrid, y ha preguntado al Gobierno por el posible agravio a la industria valenciana frente a otros territorios. El Gobierno afirma que los peajes de acceso a la red eléctrica se «establecen de manera homogénea, en función de la tensión, con independencia del territorio o de la comunidad autónoma donde radiquen». «No hay, por tanto, ninguna discriminación territorial», señala la respuesta.
Tal como contó este diario, la número dos de la Conselleria de Economía entiende que los acuerdos entre el PP y el PNV para la rebaja tarifaria a la industria pesada vasca, a cambio del apoyo de los nacionalistas vascos a los Presupuestos, podía generar agravios comparativos frente a la industria de otros territorios como la C. Valenciana.
No porque se estableciera un peaje diferente para aquella comunidad, sino porque el acuerdo, aún pendiente de aprobar, implicaba la eliminación de una tarifa. Concretamente, al intervalo de tensión entre 30 y 36 kilovoltios, y eso beneficiaría básicamente a comunidades como País Vasco (más de 3.000 kilómetros de líneas a 30 kV), Castilla y León, unos 140 km, y Navarra, con más de 350 km.
La Comunitat Valenciana, sin embargo, tiene el grueso de sus líneas con una potencia menor, de 20 KV, lo que hace que los clientes de consumo intensivo conectados a esa tipo de red tengan mayores costes. Con todo, la Comunitat Valenciana también cuenta con una importante infraestructura con una tensión mayor, con más de 3.000 kilómetros de red en 66 KV y 132 KV, explican desde la distribuidora.
Además, desde la compañía española niegan que la C. Valenciana se encuentre en una categoría inferior respecto al resto de comunidades. Las categorías de las líneas están definidas por real decreto del Ministerio de Energía, y en la mayoría de comunidades el grueso de la red se encuentra en una tensión igual o inferior a 30KV (tercera categoría).
En este contexto, y preguntado el Gobierno si respalda más inversiones para elevar la potencia eléctrica en la autonomía, el Ejecutivo responde que son las empresas distribuidoras las que deben presentar sus planes de inversión. «Son las distribuidoras las que deciden qué inversiones deben incluir en sus planes de inversión, los cuales solo serán aprobados si cuentan con informe favorable de la comunidad autónoma correspondiente», detalla.
El Gobierno destaca además que por quinto año consecutivo ha congelado los peajes de acceso a la red, «para facilitar a los consumidores industriales precios competitivos». Además, se han destinado 115 millones de euros a actuaciones de eficiencia energética para pymes y grandes empresas. En 2017 se ha tramitado la segunda convocatoria del programa de ayudas de eficiencia energética para pymes y gran empresa industrial, con un presupuesto de 63,76 millones», concluye la respuesta del Gobierno
