Los exempleados de Feria Valencia que han demandado a la institución después de que el Tribunal Supremo anulara el ERE por el que fueron despedidos en enero de 2011 y obligara a la empresa a readmitirlos, percibirán una indemnización de entre 9.000 y 14.000 euros, equivalentes a cuatro días por año trabajado.
Tal como publicó este diario el pasado miércoles, los extrabajadores y la dirección de Feria Valencia, representada por el despacho de abogados Cuatrecasas, ultiman un acuerdo para cerrar el polémico ERE.
Las fuentes consultadas aseguran que el pacto incluye que los afectados deberán retirar las cerca de 130 demandas presentadas. No obstante, quedan libres para presentar acciones judiciales contra la Generalitat por el daño patrimonial causado durante los siete años transcurridos desde la aplicación del ERE. Y es que la sentencia del Supremo señalaba directamente como causante del error administrativo por el que anuló el expediente a la Dirección General de Trabajo del Consell.
La sentencia obligaba a la readmisión de los extrabajadores. De los 106 afectados, 68 solicitaron su reingreso, entre los que se incluyen los 50 representados por Guillermo Llago. Feria Valencia presentó otro ERE a 26 trabajadores (16 despidos forzosos y 10 prejubilaciones, de las cuales cinco correspondían a personas que seguían trabajando en la institución). La institución aseguró que 38 de los 68 que pidieron su vuelta finalmente formalizaron su baja voluntaria en la Seguridad Social y que en total otros nueve se quedaron en la casa al final: cinco sustituidos por prejubilados y otros cuatro por decisión de la dirección.
No obstante, los representados por Guillermo Llago presentaron demandas contra la feria. Un total de 128, tal como publicó este diario el pasado 23 de enero. El número tan elevado obedece, entre otros motivos, a que hay exempleados que han presentado hasta tres. Había 28 extrabajadores que lo hicieron por una readmisión irregular: «La institución no les ofreció un empleo sino la aplicación de otro ERE y por lo tanto no podían aceptarlo porque ya tienen trabajo y hubieran perdido los dos empleos». Este grupo, que buscaba ser indemnizado por no haberse reincorporado, fue despedido por Feria al no presentarse, y, por ello, presentaron demandas contra la institución por despido improcedente.
Otro grupo de 18 extrabajadores sí decidió reincorporarse a Feria Valencia y, «al verse marginados, sin trabajo o cambiados de puesto, y con unos salarios inferiores porque después del ERE de 2011 hubo otro en 2012 que implicó una rebaja del sueldo a la plantilla y que a ellos no debería habérseles aplicado, decidieron presentar demandas por modificación de las condiciones de trabajo», según el relato del abogado.
En las últimas semanas, las posiciones entre ambas partes, muy enconadas por la batalla judicial entablada, se han suavizado considerablemente, según el relato de Llago, quien afirmó que sus interlocutores, del despacho de abogados Cuatrecasas, «muestran una disposición a llegar a una solución que implicaría que nosotros retiremos todas las demandas presentadas contra la institución». En principio, el acuerdo supondría que los exempleados percibieran unas indemnizaciones suplementarias muy parecidas a las contempladas en el ERE, es decir, unos 20 días por año trabajado. Llago calcula que el coste para Feria Valencia se situará entre los 700.000 y los 800.000 euros. Los más de 2 millones adicionales provisionados por la entidad en 2017, según él, estarían destinados en su mayoría al pago de cotizaciones a la Seguridad Social por los casi siete años (enero de 2011-noviembre de 2017) en que los trabajadores estuvieron despedidos irregularmente.
