Guerra abierta en la Plataforma de Afectados por la Venta del Banco de Valencia, una agrupación de un centenar de exaccionistas de la entidad financiera que emprendió acciones legales por la venta por un euro del banco a CaixaBank a finales de 2012. El presidente de la entidad, Francisco Javier Martí Herráiz, ha acudido a una notaría para revocar los poderes de la abogada de València y el procurador de Madrid que defendían los intereses de la organización ante los tribunales de Justicia.
La letrada, Begoña Salcedo, explicó ayer a este diario que la decisión de Martí no es legal en tanto en cuanto no ha sido tomada oficialmente por la junta de accionistas de la mencionada plataforma. La abogada ha remitido una carta a los asociados a la plataforma en la que les pide que dirijan una misiva al presidente de la misma instándole a continuar con los procedimientos judiciales y a convocar una junta para que aclare y justifique «su actuación unilateral».
Audiencia
Salcedo asegura que ha tenido conocimiento de la revocación de poderes a través del Tribunal Supremo, ante el que la plataforma presentó a mediados de 2016 un recurso de casación después de que en mayo de ese año la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional confirmara la legalidad de la venta del Banco de Valencia a CaixaBank. La Plataforma había pedido la nulidad de dicha operación al entender que la misma se consumó por parte del fondo público FROB «para beneficiar a la entidad bancaria catalana a costa del patrimonio valenciano», según la abogada.
Begoña Salcedo asegura que la votación y fallo del recurso de casación estaba previsto para el pasado 5 de junio, lo que indica que la redacción y publicación de la sentencia es inminente. En su opinión, todavía la plataforma tiene opciones de desistir del recurso y, por tanto, evitar un pronunciamiento del Supremo. Salcedo cree que, tras la decisión del presidente de la asociación, «podría haber un tercero interesado en que no salga la sentencia». A este diario le resultó imposible ayer localizar a Francisco Javier Martí Herráiz para que explicara los motivos por los que ha decidido revocar los poderes de la abogada que llevaba el caso desde el principio de las acciones judiciales en 2013.
A la par que Salcedo ha empezado a movilizar a los socios de la plataforma, el procurador madrileño ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que expone sus alegaciones contra la decisión de Martí y pide a la sala tercera que mantenga la misma defensa. Entre las alegaciones, señala que sus representados siguen confiando en él y la abogada y que no consta a esta, como accionista afectada, que se celebrara junta o asamblea alguna para revocar los poderes a Salcedo.
