12 de junio de 2018
12.06.2018
40 Años
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Manifestación

Los funcionarios del Estado piden "salarios dignos" en València

CC OO, UGT y CSIF protestan ante la Delegación del Gobierno y critican la reducción del 16% de su plantilla

12.06.2018 | 19:35
Protesta en València.

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF prosiguen en València con las movilizaciones de delegados en la Administración General del Estado (AGE) pidiendo "más empleo público, salarios dignos". Los representantes se han concentrado ante la sede de la Delegación del Gobierno en València, al igual que ha ocurrido en otras capitales.

Los sindicatos denuncian en Valencia el "grave deterioro" de los servicios públicos en la Administración General del Estado, que ha sido castigada de manera especial durante los últimos años por el Gobierno para cumplir los parámetros de contención del gasto, tanto en la reposición de efectivos como en las condiciones retributivas del personal y por los recortes efectuados con la excusa de la crisis.

La Administración General del Estado ha reducido su plantilla más de un 16%, con una pérdida superior a los 30.000 empleos públicos. En el escenario actual, las reclamaciones resultan imprescindibles para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, señala José Manuel Vera, secretario general del sector AGE de CCOO, para el que "el personal público es quien garantiza los derechos, la igualdad y la cohesión social".

En la C. Valenciana, la AGE emplea en la actualidad a unas 12.500 personas, incluyendo personal funcionario y laboral; una cifra que no ha dejado de menguar desde 2010, cuando eran 14.000. A nivel estatal, se han destruido los citados 30.000 puestos de trabajo en la AGE.

A la pérdida de empleos, con la consiguiente degradación de la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía, se añade la pérdida de poder adquisitivo acumulada por el personal de la AGE en la última década, que los sindicatos cifran en un 14%.

Para revertir estos recortes, CCOO emprendió hace más de un año una campaña sindical con el lema "Recuperar lo arrebatado". Y el pasado 21 de mayo, CCOO, UGT y CSIF en la AGE iniciaron una campaña conjunta de movilizaciones, con concentraciones en Albacete y Melilla; que se siguen extendiendo por el resto del país. Los sindicatos avisan de que sí no logran sus objetivos, convocarán paros parciales e incluso huelga en la Administración General del Estado.

Los sindicatos piden al nuevo Gobierno el desarrollo del II Acuerdo para la mejora del empleo público, firmado el pasado de 9 de marzo con el anterior ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

"Las nuevas ministras de Hacienda, María Jesús Montero, Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, tienen que asumir y profundizar el Acuerdo con la apertura de los ámbitos de negociación establecidos en el pacto para lograr avanzar en tres ejes: empleo, derechos (restablecimiento del 100% de las retribuciones en situación de incapacidad temporal y la recuperación del carácter máximo de la jornada de 37,5 horas) y salario", señalan los sindicatos.

CCOO, UGT y CSIF quieren "no sólo frenar la sangría de empleos, sino empezar a recuperar los destruidos". Reclaman también "un salario digno y justo para todo el personal de la AGE, donde hay colectivos que no llegan a los mil euros netos al mes". Los sindicatos exigen que el salario mínimo en la AGE llegue a los 1.200 euros, además de homologar las condiciones retributivas del personal laboral y el personal funcionario.

Para paliar las pérdidas de poder adquisitivo, reclaman un incremento lineal de200 euros y una dotación presupuestaria de 100 euros más para el establecimiento de la carrera profesional para todas las empleadas públicas y todos los empleados públicos de la Administración del Estado.

Los sindicatos también reclaman el desarrollo y aplicación de la jubilación parcial en el ámbito de la AGE; así como el desbloqueo del IV Convenio Único del personal laboral, "que lleva más de dos años sin avances significativos, y el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, estableciendo, entre otras cuestiones, el derecho a la carrera profesional o la adaptación de la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones.

Por su parte, el coordinador del SAE de la FSC-CCOO en la C. Valenciana, Magín García Carmena ha denunciado, "la falta de personal y carga de trabajo en Instituciones Penitenciarias, con una edad media elevada, así como la desigualdad de salarios entre administraciones, la externalización con empresas privadas en la AGE y la precarización y el intenirinaje en los centros de investigación del CSIC."

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