13 de junio de 2018
13.06.2018

Anticorrupción pide 22 años de prisión para Ferri y Baldó por sus negocios con la CAM

Los exdirectivos de la caja Roberto López y Daniel Gil se enfrentan a una solicitud de cuatro años de cárcel por la concesión de créditos a la mercantil con la que la entidad se asoció con los empresarios

13.06.2018 | 08:56
Los empresarios Ferri y Baldó, en el centro

Los negocios que los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó montaron en el Caribe a través de Valfensal, la sociedad que crearon con la CAM con este objeto, les pueden salir muy caros si prospera la petición que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado en el juzgado de la Audiencia Nacional que ha investigado estas operaciones. Un escrito en el que reclama un total de 22 años de prisión para cada uno de los hoteleros, doce para uno de sus ejecutivos, Francisco Climent, y cuatro para los exdirectivos de la caja Roberto López Abad y Daniel Gil, sus socios en esa mercantil.

A los dos empresarios les acusa de seis delitos fiscales, de los que su empleado sería cooperador necesario, y de uno de administración desleal en concepto de inductores, cargo del que los ex altos ejecutivos de la caja están considerados por la Fiscalía autores.

Pero éste no es el único problema al que se enfrentan los cinco acusados. La fiscal reclama que el exdirector general y el exdirector de empresas de la CAM resarzan solidariamente, junto a Ferri y Baldó, al Fondo de Garantía de Depósitos en los 28 millones que el Banco de España ha estimado el agujero que la aventura empresarial caribeña le provocó a la caja, y que ese organismo tuvo que tapar antes de su venta al Sabadell, que no reclama indemnización alguna, por un euro.

En lo que respecta a los delitos fiscales, además de las penas de prisión (tres años por cada uno de los seis cargos de los que acusa a los hoteleros (18 en total) que rebaja a dos años (12) en el caso de su ejecutivo) el Ministerio Público solicita multas para cada uno de ellos que superan los 23 millones y la devolución a las arcas públicas por parte de Ferri y Baldó de los más de 11 millones supuestamente defraudados durante seis ejercicios, del 2008 al 2013, más los intereses.

Anticorrupción sostiene que López Abad y Gil utilizaron Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), la participada de la CAM con la que se asociaron con Ferri y Baldó en Valfensal, para conceder préstamos a esta mercantil «que de otra manera no hubiera podido ser al no cumplir los requisitos requeridos por la CAM para ello», y que «en circunstancias normales no se hubieran otorgado, beneficiando a los empresarios».

La fiscal mantiene que «los cuatro acusados decidían las operaciones que iba a efectuar Valfensal y los préstamos que debían ser autorizados», unas actuaciones que venían «avaladas» por los exdirectivos de la caja encausados «que daban el visto bueno sin analizarlas en profundidad y no cumplimentando los requisitos exigibles». Un comportamiento similar al que atribuye a la comisión de control contra la que, sin embargo, no presenta cargos.
«Sin información previa»

Anticorrupción detalla que los préstamos a Valfensal se otorgaron sin que la CAM, a través de TIP, dispusiera de información previa de los proyectos que financiaba y sin que fueran acompañados de los correspondientes informes de viabilidad. Las únicas estimaciones que se adjuntaban eran las de la propia Valfensal que, además, presentaba unas propuestas de inversión «con importes de financiación significativamente más elevados que los que requerían» los negocios.

Los proyectos en los que se centra este proceso son cuatro: préstamos para la compra y reforma del hotel Caracol en la Riviera Maya, adquisición de una parcela en la República Dominicana, créditos para hacerse con el Hotel Sandos y el Riviera en México y la compra de un terreno en Playa de Carmen. Unas operaciones que, concreta la fiscal, «se presentan con carácter de urgencia cuando los importes de inversión eran relevantes, debiendo haber evitado dicho trámite al suponer un menor control en la concesión de préstamos» y en las que «existe un reparto desproporcional e injustificado de aportaciones y riesgos desfavorable para TIP/CAM y favorable para Valfensal».
Seis delitos fiscales

Anticorrupción acusa además a Ferro, Baldó y Climent de seis delitos fiscales por defraudar a Hacienda más de 11,6 millones de 2008 a 2013 al simular que la actividad empresarial se realizaba desde Curaçao, territorio calificado de baja tributación, cuando en realidad se desempeña desde las oficinas que el grupo tiene en Benidorm y en Mallorca. Un cometido a cuyo frente estaba Climent siguiendo las órdenes de Ferri y Baldó.

La acusación pública considera acreditado que «la dirección y control del conjunto de las actividades de la sociedad Jacksonport», propiedad de Valfensal a través de otra sociedad interpuesta con la que sobre el papel se gestionaban los negocios, «se realizaba de forma deliberada desde España por la dirección de Valfensal pudiéndose afirmar su carácter instrumental».

Además de Anticorrupción, como acusación particular en este proceso está personado el Fondo de Garantía de Depósitos mientras que la Fundación CAM acaba de presentar su renuncia a seguir en las actuaciones al igual que ya hiciera en el proceso por las dietas de Modesto Crespo. La heredera de la Obra Social destaca su condición de perjudicada, pero alega que se encuentra en un proceso de contención de gastos.

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