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Sector

La banca empieza a subastar el precio de los pisos ante el auge de la demanda

Solvia realiza una puja durante los primeros ocho días en que pone un inmueble al mercado y lo adjudica a la oferta más elevada si se presenta más de una durante ese período - Bankia limita la fórmula solo si hay interesados con precios a la baja

Oficina de Solvia, en el centro de València. fernando bustamante

La crisis financiera hundió sus raíces en los excesos inmobiliarios. Superada la recesión, la vivienda vuelve a ser un puntal indispensable del negocio bancario y las empresas del sector no dejan de innovar, aunque ello implique situarlas en el ojo del huracán de unos usuarios ya muy escaldados. Una de las novedades de esta fase en que la demanda de viviendas ya es creciente es la práctica de introducir subastas de precios a la hora de vender estos activos.

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, según su abogado, Francisco Rodríguez, ya ha empezado a recibir quejas de clientes de las filiales inmobiliarias de algunos bancos ante una práctica que consideran especulativa. En las entidades financieras, sin embargo, no tienen el mismo punto de vista y, como afirman en Solvia, perteneciente al Banco Sabadell, se trata de una fórmula que trata de aportar transparencia al proceso y, muy singularmente, de evitar que pueda haber trato de favor, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de los activos que se ponen a la venta están sujetos a un Esquema de Protección de Activos (EPA), es decir parcialmente costeados por el erario público al derivarse del rescate de la extinta CAM.

Ocho días

Solvia asegura que, cuando pone a la venta un inmueble o rebaja el precio de uno que ya estaba en el mercado pero que no había forma de colocar, se abre un proceso de ocho días para calibrar cuáles son las ofertas que se presentan por el mismo. Si hay más de una solicitud de compra se abre una subasta en plica, es decir a sobre cerrado. Los interesados envían un sobre con su oferta y el activo se adjudica ante notario a la que sea más elevada. Dicho de otro modo, se lo queda el que más paga. En el supuesto de que solo se presente una oferta, es el que la ha realizado el que finalmente compra el inmueble al precio fijado.

Fuentes oficiales de la firma inmobiliaria explicaron a este diario que este sistema se utiliza en todos los activos que tiene a la venta, incluidos los adjudicados por el Banco Sabadell, con sede en Alicante, o los transferidos por particulares o por el banco malo, la Sareb. Todos los potenciales compradores pagan una fianza inicial de 3.000 euros, que les es devuelta en el caso de que al final no formalicen la operación.

¿Por qué esa fórmula? Además del ya citado propósito de eludir potenciales tratos de favor, las citadas fuentes explicaron que se trata de un proceso para dotar a las operaciones de una «mayor transparencia», que además «es bien acogido por la inmensa mayoría de los clientes porque supone que se adjudica el inmueble a la mejor oferta». Para el banco, claro.

En la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana aseguran que entre las quejas recibidas se incluyen clientes de Solvia, pero también de Servihábitat, la filial inmobiliaria de CaixaBank. No obstante, fuentes de esta firma de la entidad con sede en València desde el pasado mes de octubre aseguraron con rotundidad que en su operativa no figura en ningún caso la subasa de precios. Otras fuentes del sector, sin embargo, relatan casos de ventas de locales comerciales en los que la empresa ha utilizado una puja.

Bankia

Bankia, la entidad heredera de Bancaja, tiene un contrato por el que Haya Real State gestiona todas sus viviendas. Fuentes de la entidad financiera con domicilio social en València afirman que todos sus productos son adjudicados al primer cliente interesado por el activo según el precio en que ha salido al mercado. Hay dos excepciones. Por un lado, está el caso de que un activo reciba varias ofertas a la baja. «Sin quererlo, nos encontramos ante una subasta», aseguran en la entidad, donde añaden que en ese supuesto se analizan las propuestas y el propio inmueble y se toma una decisión, que puede ser venderlo a quien más paga o dejar desierta la operación a la espera de que llegue un cliente dispuesto a abonar el precio fijado. El otro caso se produce ante activos singulares, como sucedió con la torre Foster de Madrid, que fue adjudicada tras un proceso competitivo.

Francisco Rodríguez considera que las subastas de precios «atentan contra los derechos de los consumidores», porque hay una «falta de información» y porque «no es lógico que les hagan entrar en un juego de especulación con el precio». En su opinión esta práctica obedece a que las entidades, «como hay más demanda que oferta, aprovechan para subir los precios», lo que además redunda en perjuicio del sector porque puede provocar una escalada de costes y propiciar otra burbuja.

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