Días después de que el Supremo haya evitado la liberalización de las licencias VTC y, por tanto, la expansión del modelo Uber, un bufete valenciano podría limitar más aún el recorrido de las plataformas digitales que les hacen la competencia al taxi a través de licencias de alquiler de coche con conductor.

El alto tribunal ha aceptado ya dos recursos de casación del despacho de José María Baño León, que representa a la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana. El primero, contra la concesión a la empresa Ares Capital de 200 licencias VTC para operar en València; el último, otro paquete de 50 permisos también para València. Hay un tercero en espera de decisión.

La duda jurídica que plantea el despacho es si la ley permite a una sola persona física o jurídica pedir un número «masivo» de licencias. Empresas como Ares Capital han solicitado grandes paquetes en capitales en toda España, miles, entre ellas 200 en València. Y, tal como se ha comprobado, el ánimo de estas empresas no es el desarrollo de la actividad. «Parece que su uso es especulativo», apuntan en el despacho de Baño León. Fondos de inversión están adquiriendo estas licencias para crear sus propias plataformas, y entrar así a competir en un sector en el que operan Cabify (en València) o Uber (Madrid).

El coste de las VTC, de apenas unos euros por las tasas administrativas, se dispara en el mercado secundario. Como contó este diario, empresas desligadas del sector del transporte de viajeros han pedido paquetes de licencia VTC en pleno boom de este negocio.

El despacho valenciano es el primero que ha conseguido la aceptación del Supremo con este argumento. Sostiene que la licencia debe concederse a quien va a ejercer la actividad, no para «uso especulativo».

En el caso de la Comunitat Valenciana, la Generalitat ha estado denegando a varias empresas cientos de licencias, argumentando que ya está superado el ratio legal de una licencia de VTC por cada 30 de taxis. Sin embargo, los tribunales, en este caso el Tribunal Superior de Justicia, obligan a la administración a conceder todas las solicitadas antes de noviembre de 2015. Se entiende que hasta esa fecha no estaba en vigor el ratio 1/30.

De hecho, el Tribunal Supremo está dando la razón a las empresas. El último pronunciamiento del alto tribunal deja claro que todos los permisos pedidos antes de la entrada en vigor del reglamento de la ley del transporte a finales de 2015 van a ser concedidos.

Para la C. Valenciana, esto puede suponer cuadruplicar el actual número de licencias VTC. Hay 641 permisos pedidos por empresas antes del cambio legal de 2015 y se sumarían a los 236 en vigor. Ahora, el taxi se aferra a estos recursos aceptados por el Supremo, con la esperanza de frenar la concesión «masiva» de licencias. En pocas semanas se conocerá la sentencia.