El titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha admitido a trámite la querella que el pasado mes de abril presentó la Asociación de Pequeños Accionistas de Bancos (Apabanc) contra el expresidente de la entidad financiera, Ángel Ron, y el resto de componentes del consejo de administración por un delito continuado de falsedad contable por la formulación de las cuentas anuales desde el año 2013 a sabiendas de que no reflejaban la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados del banco. En la querella se denuncia también «el estado de insolvencia de la entidad desde 2015» y apunta a un delito relativo al mercado y a los consumidores por la utilización de las cuentas «para realizar diversas emisiones de participaciones preferentes desde 2013, dos ampliaciones de capital desde esa fecha y la influencia que las mismas tuvieron en todas las operaciones de compra-venta de acciones también desde 2013», según recoge el juez en su auto del pasado 18 de junio.
La querella de Apabanc está presentada en representación de 17 accionistas valencianos, si bien uno de los abogados de la asociación, Diego Muñoz-Cobo, explicó a este diario que dicha cifra corresponde al momento de presentación de la misma, pero que el número se ha ido ampliando conforme la entidad recibía poderes y que en la actualidad ya son más de 200 los implicados. La querella incluye al también expresidente Emilio Saracho, quien estuvo al frente del banco solo los meses previos a que fuera intervenido y vendido por un euro al Santander en junio de 2017, así como al Interventor General del banco, Javier Moreno. El abogado Muñoz-Cobo indicó que este ex alto cargo de la entidad financiera no había sido denunciado hasta la fecha en ninguna de las otras querellas que se han presentado por el hundimiento del Popular y por lo tanto no es hasta ahora que está investigado.
Del listado inicial de querellados por Apabanc, el juez excluye a tres personas. Una de ellas es el representante de PricewaterhouseCoopers, José María Sanz, porque no consta que auditara las cuentas de 2016. Los otros dos son los consejeros Ana José Varela y Aladin Fradin, ambos también porque no ejercían esta función el día de mayo de 2016 en que el consejo decidió el aumento de capital en el banco.
