El Consell Jurídic Consultiu ha emitido un dictamen muy crítico con la proposición de ley que tiene por objeto poner coto en la C. Valenciana al modelo de negocio que hace la competencia al taxi. Concretamente, a las aplicaciones como Cabify, Uber y otras que están surgiendo, que se apoyan para prestar servicio en vehículos con licencia de alquiler de coches con conductor, las conocidas como VTC.
La proposición de ley, impulsada por el PP pero que la Conselleria de Transporte pretendía hacer suya, contempla entre otras cosas la creación de una segunda licencia municipal, tal como acaba de aprobar el Ayuntamiento de Barcelona que dirige Ada Colau. Con esa segunda licencia, que se suma a la estatal con la que ya operan estas aplicaciones, la conselleria podría «imponer días y horas hábiles para la prestación del servicio basados en motivos de exceso de oferta».
Con esta limitación, la administración podría controlar el número de vehículos que circulan por las calles en todo momento, para volver así a la ratio de una VTC por cada 30 taxis, que ya está desbordada después de varios años de concesión masiva de licencias. En estos momentos hay 232 VTC en activo en la C. Valenciana pero según la ley solo debería haber 149, en aplicación de esa ratio.
En un informe del pasado 20 de junio al que ha tenido acceso este periódico, el Jurídic desmonta buena parte de los nuevos elementos limitativos de esta actividad que plantea la proposición de ley. El órgano recuerda que el Estado tiene la competencia exclusiva para regular el transporte discrecional de viajeros por carretera cuando se desarrollan por más de una comunidad. Y este es el caso de las VTC. Aunque la autonomía tiene delegada la competencia para conceder la licencia, estos vehículos pueden desarrollar un 20% de su actividad en otra autonomía.
Choque competencial
Sobre todo el dictamen subyace el choque de competencias con el Estado. «El régimen jurídico autonómico no debería ser más restrictivo que el régimen vigente a nivel nacional», señala. La proposición pretende regular sobre la actividad que se desarrolla íntegramente en la autonomía, pero eso afectaría también a los vehículos con autorizaciones estatales, lo que «vulnera claramente el ordenamiento jurídico», avisa el Jurídic.
Sobre la segunda licencia municipal, el órgano consultivo también advierte de que no queda justificada la necesidad de un permiso adicional. Además, vuelve a advertir de vulneración del ordenamiento jurídico si se pretende limitar la actividad por el incumplimiento de la ratio 1/30. El cumplimiento de la ratio es causa para no conceder una licencia VTC, pero no para bloquear la actividad de los que ya disponen de ella.
Contra la Unidad de Mercado
La propuesta de las Corts también fija nuevos requisitos para el desarrollo de la actividad, como tener un local físico o dos conductores por cada tres autorizaciones, requisitos que «no se exigen en la norma estatal ya que fueron anulados por el Supremo». El Jurídic ve estos y otros requisitos contrarios a la ley de Unidad de Mercado.
Esta por ver, una vez el Jurídic se ha posicionado de esta forma, qué hace la Generalitat. Es previsible que el Consell, que tiene que informar la proposición de ley, no se salga del criterio fijado por el órgano consultivo. Con todo, tanto el dictamen del Jurídic como del Consell no son vinculantes, y las Corts podrían llevar adelante la propuesta si varios partidos así lo acuerdan.
