La lenta instrucción del caso Banco de Valencia prosiguió esta semana con la declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz del exsubgobernador del Banco de España, Javier de Aríztegui. Ocupó el cargo entre abril de 2009 y junio de 2012, siete meses después de que el fondo público Frob interviniera la entidad valenciana. Aríztegui, según Diego Muñoz-Cobo, abogado de Apabancval, la asociación de pequeños accionistas del extinto banco que presentó la querella contra la excúpula del mismo, declaró al juez que a finales de 2010 conoció que el Banco de Valencia «tenía problemas de cierta magnitud», pero que de la entidad «les decía que tenía recursos y que estaba pendiente de una ampliación de capital» que al final no se realizó, como es conocido. El ex número dos del Banco de España añadió que «en la primavera de 2011 me informaron de que los problemas se agravaban y que se estaba presionando para que tomaran medidas como la ampliación».
Por su parte, Ana María Martínez-Pina, expresidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, aseguró que, cuando en el ICAC se enteraron «por la prensa» de los problemas en el banco hicieron un control técnico a resultas del cual detectaron irregularidades en los papeles de trabajo del auditor de la entidad financiera. Más adelante, el instituto conoció la existencia de dos infracciones graves pero suspendió la tramitación del expediente sancionador porque el caso ya estaba en los tribunales e iba a seguir la vía penal, según explicó Muñoz-Cobo.
