Las centrales eléctricas de generación de energía con gas están contra las cuerdas por el fin del incentivo de disponibilidad que les garantizaba 150 millones de euros al año. Según fuentes del sector, las centrales de ciclo combinado o cogeneración no son sostenibles económicamente sin este incentivo. En España esta tecnología se utiliza como respaldo de las renovables cuando no hay viento o falta agua. El nivel de utilización en el conjunto del país apenas supera el 15 %, según datos de Red Eléctrica de España, pero son efectivas porque garantizan un suministro alternativo de manera inmediata. En la Comunitat Valenciana Naturgy (antigua Gas Natural) tiene tres grupos de generación que funcionan entre el 17,7 y el 32,6 % de su capacidad e Iberdrola dispone de otros dos en Castelló que son utilizados entre el 2,3 y el 17,1 %.
Hasta el 30 de junio, las centrales de ciclo combinado recibían subvenciones por las inversiones que realizaban y por estar disponibles para inyectar energía al sistema cuando es necesario. El escenario cambió el 1 de julio ya que las centrales que funcionan a gas y el resto de térmicas convencionales (las que queman carbón y las nucleares) han dejado de percibir el incentivo por disponibilidad.
El problema de fondo es que la normativa europea obliga a modificar este tipo de compensaciones. El Gobierno aprobó el pasado mes de noviembre una orden ministerial con la que regulaba las subastas de interrumpibilidad. La orden impulsada por el exministro de Energía, Álvaro Nadal, dictó un plazo de seis meses para acabar con el incentivo. La Comisión Europea estableció en noviembre de 2016 que ese incentivo por disponibilidad debía asignarse mediante procesos competitivos o subastas. Un periodo, recogía la orden ministerial, «inferior al que se venía aplicando hasta ahora (de un año) por considerarse más adecuado y que se ajusta más eficazmente al contexto energético en estos momentos».
Fuentes del sector explicaron a Levante-EMV que el anterior Gobierno tenía intención de establecer unos incentivos alternativos que se ajustaran a la normativa europea. Sin embargo, el plazo de transición ha transcurrido sin que la reforma de los mecanismos de capacidad se haya aprobado. El cambio de Gobierno tras la moción de censura ha terminado de complicar la situación.
Cobro retroactivo
Las empresas afectadas (basicamente Naturgy e Iberdrola) han pedido al nuevo Ministerio de Transición Ecológica (que ha sustituido al de Energía) que apruebe una orden para anular la de noviembre y poder cobrar de manera retroactiva el incentivo suprimido.
Fuentes empresariales insistieron en que sin el incentivo «las plantas de ciclo combinado no son rentables». «Los incentivos ayudan a hacer frente a los costes fijos. Sin ellos se pierde dinero», añadieron. Las empresas han pedido la «hibernación» de algunas plantas para reducir los costes fijos mientras dure el cierre temporal. Estos cierres serían de un plazo de entre dos y cinco años.
Iberdrola pidió a finales de 2014 el cierre del Grupo 3 de su planta de Castelló. La compañía alegó una caída del consumo energético. En septiembre de 2015, unos días antes de que culminara el plazo legal, Iberdrola anunció al Ministerio de Industria su renuncia a ejercer su derecho de cierre parcial de la central de ciclo combinado de Castelló. La compañía indicó que había adoptado esa decisión tras analizar la evolución de la demanda energética.
En cualquier caso, la producción del Grupo 3 continúa bajo mínimos. Según los datos de Red Eléctrica de España, fue utilizada en 2017 al 2,3 % de su capacidad de produción. El Grupo 4 funcionó el año pasado al 17,1 %. Fuentes del sector indicaron que actualmente «no hay ninguna novedad» sobre el futuro de las dos plantas de ciclo combinado de Iberdrola de Castelló. Esta fuentes insistieron en que «este tipo de centrales son infraestructuras energéticas necesarias para el sector por su función de respaldo. Estas plantas permiten dar seguridad al sistema eléctrico y cubren a las centrales hidroélectricas y eólicas en los periodos de falta de agua y viento. Además, teniendo en cuenta el previsible incremento de las renovables y el cierre de las de carbón (en línea con la estrategia energética que impulsa Europa a la que se ha sumado España) van a seguir siendo necesarias».
Nuevo mercado
La ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, señaló ayer en el Congreso de los Diputados que considera necesario «repensar» tanto el mercado energético como el sistema por el cual acaba fijándose el precio de la energía. Entre estas medidas se encontrará una modificación del marco legal de la energía renovable con el fin de «revisar la normativa que ha impedido su despliegue» y otras que afectarán a la cogeneración, que Ribera llamó a «repasar y actualizar».
Además confirmó la voluntad de cerrar el parque nuclear español a medida que las centrales nucleares cumplan 40 años de vida útil tecnológica, plazo que se cumple en 2028. Ribera recordó que es una medida que llevaba el PSOE en su programa electoral. El fin del permiso de explotación de Cofrentes vence el 20 de marzo de 2021 y el final de su vida útil (plazo de 40 años que quiere aplicar el Gobierno) es en marzo 2025.
