El Juzgado de lo Social número 2 de València ha estimado la demanda interpuesta contra la CEV, la patronal valenciana, por cuatro extrabajadores de la extinta Cierval. El juez obliga a la CEV a readmitir a los empleados o a abonarles indemnización por despido improcedente.

Los trabajadores, que perdieron sus empleos en mayo de 2017, denunciaron despido improcedente y sucesión de empresas por parte de la CEV.

La tesis de los demandantes es la existencia de sucesión de empresas entre Cierval y las tres provinciales con hechos como que CEV, Coepa y CEC son miembros fundadores» de la ya expatronal autonómica. Con el cambio de estatutos, CEV persigue ser la sucesora universal de toda la actividad desarrollada hasta ahora por Cierval. Se le ha cedido toda la representación institucional, que constituye la actividad fundamental de Cierval, para que sea ahora quien continúe con esa actividad.

Además sostenían que el edificio que ha venido utilizando hasta la fecha Cierval está cedido por la CEV. Cuando se realizó la cesión el edificio estaba en unas condiciones que no permitían su uso. Fue Cierval quien rehabilitó el edificio por un importe aproximado de más de dos millones, y tras la liquidación dicho edificio va a ser devuelto a CEV, con todo el mobiliario y en perfecto estado de conservación.

Singularidad del caso

"Debe así estimarse, como se ha anticipado que pese a la singularidad del caso, concurre en el presente el supuesto de la sucesión empresarial, que ocasiona que la continuidad de la actividad empresarial determine la responsabilidad solidaria de la cesionaria en las obligaciones laborales de la cedente respecto de las actoras y nacidas con anterioridad a la cesión", sostiene la sentencia para justificar la readmisión o el despido.

"La presente resolución a las partes con advertencia de que no es firme y que frente a la misma cabe recurso de suplicación para ante la SALA DE LO SOCIAL DELTRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, que deberá anunciarse dentro de los CINCO DIAS siguientes a su notificación", indica la sentencia conocida hoy.

La CEV recurrirá la resolución y puede que formalice un aval para hacer frente a la ejecución del fallo, que le costará más de 250.000 euros. Su opinión está en línea con la de Generalitat, que no advertía sucesión de empresas.

urgencia en 2017. La empresa CIERVAL inició procedimiento de despido colectivo de para

la extinción de los contratos de trabajo con todos sus trabajadores, en número de 15.

La resolución conocida hoy ya se esperaba, ante el cerco que el Fogasa ya había lanzado sobre la CEV. A pesar de lo escrupulosos que han sido sus dirigentes para evitar que la consideraran como sucesora de la extinta Cierval, el cerco -judicial y administrativo- se estrecha sobre la nueva patronal autonómica CEV, cada vez con más posibilidades de tener que asumir las responsabilidades laborales y económicas de su desaparecida antecesora. Eel Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) que, en una ampliación de demanda, señaló directamente a la CEV. Tras el cierre de Cierval, la mayoría de sus empleados, que fueron todos despedidos, recurrieron a la Justicia contra aquella decisión, que les dejó en la calle sin siquiera la indemnización.

Los extrabajadores entendían que la CEV, socia fundadora de Cierval como organización empresarial representativa de la provincia de València, debía hacerse cargo de sus empleos o del coste de sus despidos desde el momento en que se transformó en autonómica. Eso ocurrió el año pasado y es la que se ha dirimido hoy.

Además, En el número once, por su parte, se está instruyendo la demanda que presentó el también despedido exsecretario general de la Cierval, Javier López Mora. En su caso, según confesión propia, fue para tratar de cobrar a través del Fogasa una parte de lo que no le pagó Cierval.

El Fogasa, conocedor de la demanda de los otros exempleados dirigida contra la CEV, pidió un informe a la Inspección de Trabajo para determinar si le correspondía pagar al fondo o a la patronal. El documento concluyó que la CEV, Cierval y las provinciales de Castelló y Alicante formaban parte del mismo grupo y, por tanto, tendrían que responder solidariamente de las deudas generadas por cada una de ellas.