Se trata de una situación cada vez más habitual. Un empresario contrata a un empleado por media jornada pero le obliga a trabajar a tiempo completo y le retribuye la diferencia en negro. De esta forma, se ahorra buena parte de las cotizaciones sociales pero está cubierto en el caso de que llegue una inspección. Esta práctica, junto con el encadenamiento injustificado de contratos temporales, se han convertido en dos de los fraudes laborales más frecuentes desde que se inició la recuperación económica, lo que ha puesto en guardia a las autoridades, que han decidido intensificar las acciones para combatirlos.
De esta forma, sólo durante el primer semestre de este año la Inspección de Trabajo ha obligado a transformar en indefinidos o a tiempo completo 6.376 contratos en la Comunitat Valenciana, al considerar que no respondían a la realidad de la situación laboral de los trabajadores. Una cifra un 58 % superior a la registrada en el mismo periodo de 2017.
«Se está haciendo un uso abusivo de la contratación temporal y a tiempo parcial cuando todos sabemos que en España la opción de trabajar a media jornada casi nunca es voluntaria», apunta el responsable de la Inspección en la autonomía, Eusebio Ortiz, quien se muestra convencido de que la lucha contra este fraude volverá a marcarse como una prioridad en el nuevo plan director del organismo, que debe aprobarse el próximo viernes.
Sanciones más duras
Los sindicatos llevan años denunciando que buena parte de la recuperación del empleo en los últimos años se sustenta sobre este tipo de fraudes, ante el que reclaman una mayor contundencia. De hecho, la propia Inspección está analizando si endurece las sanciones ya que ahora, cuando se detecta esta situación en una empresa, se obliga a cambiar el tipo de contrato y se impone una única multa que, eso sí, se gradúa en función del número de trabajadores afectados. La opción que se baraja es imponer una sanción por cada empleado, lo que dispararía el importe a pagar y aumentaría el efecto disuasivo.
En cualquier caso, el aumento de la contratación fraudulenta no impide que también sigan existiendo un ingente volumen de empleo completamente sumergido en la zona, en sectores como el calzado, la hostelería o la agricultura. Así, desde el pasado uno de octubre la Inspección ha obligado a dar de alta a 9.624 trabajadores en la Comunitat que carecían de cualquier tipo de contrato. Una cifra muy significativa si se tiene en cuenta que el objetivo que se había fijado el organismo para todo el curso -del que aún quedan tres meses por contabilizar- era de 10.396. Es decir, que se superará con creces ya que se están aflorando más de mil empleos mensualmente.
En total, durante el primer semestre del año la delegación de la Inspección de Trabajo en la autonomía levantó 3.723 actas de infracción por todos los conceptos a distintas empresas de la Comunitat Valenciana, lo que supone una ligera disminución del 3 % con respecto al mismo periodo del año pasado. Las más numerosas fueron las relativas a infracciones contra la Seguridad Social, con un total 2.408, lo que incluye tanto los casos de empresas con trabajadores que no tenían ningún tipo de contrato, como aquellos por los que se estaba cotizando de menos.
Doce centros parados por riesgo
También son numerosas las relativas al área de relaciones laborales, donde se investigan las infracciones relativas a la jornada laboral, el exceso de horas extra o el pago de salarios por debajo de lo establecido en convenio, que sumaron 543, casi un 40 % más que en 2017.
El balance de la Inspección también refleja el aumento de la siniestralidad que se ha producido con la recuperación de la actividad económica y, sobre todo, el repunte de la construcción. De esta forma, las actas de infracción relativa a la seguridad y la salud laboral sumaron 641 entre enero y junio, un 16,9 % más. Dentro de este apartado hay que destacar especialmente las 12 paralizaciones de centros de trabajo que se decretaron al considerar que existía un riesgo grave.
Además, 177 empresas tuvieron que pagar recargos en las cotizaciones sociales que abonan tras comprobarse que los accidentes registrados en sus instalaciones se produjeron por no contar con las medidas de prevención adecuadas.
Por último, en los primeros seis meses del año se levantaron 119 actas tras detectar a trabajadores extranjeros sin la documentación en regla, lo que significan 13 más que en 2017. Todas estas irregularidades supusieron la imposición de multas por valor de 15,5 millones de euros a las empresas infractoras, a las que también se reclamó 72,2 millones de euros por las cotizaciones que habían abonado de sus empleados, según la información facilitada por la propia Inspección de Trabajo.
