José Luis Olivas volvió a jugar ayer al yo no fui. El expresidente de Bancaja respondió a su procesamiento por parte de la Audiencia Nacional por un presunto desfalco de 750 millones de euros ocasionado a la entidad por inversiones inmobiliarias realizadas en México. Olivas, que estaba al frente de la caja cuando sucedieron los hechos (entre 2005 y 2009), culpó a terceros, principalmente los técnicos de la desaparecida Bancaja. «Todas las operaciones realizadas con el Grupo Grand Coral, tanto por Bancaja como por Banco de Valencia, contaron siempre con el informe y en su caso la propuesta favorable de los distintos estamentos profesionales y fueron aprobadas por los órganos de gobierno competentes», indicó Olivas en un comunicado remitido a Europa Press.
El que fuera vicepresidente de Bankia y presidente de la Generalitat abrió un segundo frente en su defensa al señalar hacia las sociedades de tasación, encargadas de valorar los inmuebles originarios del desfalco. «En la causa existen tasaciones aportadas por las propias entidades financieras realizadas en los años 2013 y 2015 por empresas tasadoras del máximo prestigio de España y México, según las cuales el valor de los activos inmobiliarios propiedad del Grupo Grand Coral, cubren ampliamente tanto las deudas financieras existentes hasta la fecha, como las inversiones de capital realizadas», dijo Olivas.
Las palabras del expolítico del Partido Popular no son contradictorias con las de la instrucción ni con las palabras de la juez Carmen Lamela en el auto de procesamiento. La propia magistrada indica que las operaciones de México (compra de suelo, toma de participaciones o concesión de créditos) eran aprobadas previa emisión de un informe favorable de un organismo colegiado llamado comité de inversión inmobiliaria, integrado por técnicos de la entidad vinculados al sector inmobiliario, donde no estaba Olivas. Después se llevaban al consejo de administración, ahí ya con el presidente, para su aprobación.
Igualmente la magistrada responsable de la instrucción también considera que existe responsabilidad por parte de las tasadoras con las que trabajaban Bancaja y Banco de Valencia. De hecho, entre los 48 procesados está Fernando Rodríguez Toral, arquitecto técnico que realizó valoraciones de inmuebles en México para la sociedad Alia Tasaciones, con sede en Altea (Alicante). Su consejero delegado es Luis Candela Sanchís, que también está entre las 48 personas que irán a juicio por la operación Grand Coral.
Pero que la jueza reconozca estos hechos, igual que Olivas, no exime al expresidente de Bancaja de los comportamientos presuntamente delictivos que le atribuye la juez. Para Lamela Olivas consintió la operativa de Grand Coral y consintió y alentó las inversiones millonarias que las entidades que él presidía estaban realizando en México.
Bankia y CaixaBank venden
La defensa de Olivas también incluyó un dardo para Bankia y CaixaBank, sin citarlas. «A finales del pasado mes de julio, las entidades financieras acreedoras [condición que tienen por ser las herederas de Bancaja y Banco de València] suscribieron dos cartas de pago, por las que daban por canceladas todas las deudas del Grupo Grand Coral con el respaldo de sus activos inmobiliarios».
En efecto, tanto Bankia como CaixaBank, se quedaron con los activos adjudicados vinculados a los créditos impagados de Grand Coral en México (suelo), que estaban provisionados en sus cuentas de resultados. Después, los vendieron en el mercado, a precios muy inferiores a los que pretendían Bancaja y sus socios Juan Ferri y José Baldó en el momento de gestación del caso. Bankia y CaixaBank asumieron las pérdidas y emitieron un certificado de final de deuda, que es al que se refirió ayer Olivas.
