México se ha convertido en un dolor de cabeza muy agudo para José Luis Olivas, expresidente de Bancaja, y para otros 47 exdirectivos, empresarios, gestores y consejeros de la entidad procesados por la Audiencia Nacional. Serán juzgados por un presunto desfalco de 750 millones de euros en la operación Grand Coral.

¿Cómo se gestó este caso, que salió a la luz después de una denuncia realizada por Bankia (de la que Bancaja fue una de sus fundadoras) tras su nacionalización?

La operativa se produjo bajo la presidencia de Olivas entre 2005 y 2009. En este periodo Bancaja, directamente o a través de su entonces filial Banco de Valencia, se asoció con un grupo de empresarios inmobiliarios, liderados por Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch.Todos constituyeron Grand Coral para inversiones inmobiliarias en México.

Suelo sin desarrollar

Grand Coral era la cabecera de un grupo de sociedades mexicanas que tenían suelo en el país azteca sobre el que se iban a desarrollar proyectos inmobiliarios. La mayoría de los terrenos estaba sin urbanizar. Estas empresas mexicanas tenían como accionistas a sociedades instrumentales con sede en Holanda, país con una fiscalidad más laxa que en otras zonas para este tipo de operativa. En estas compañías holandesas entraban como accionistas Bancaja y sus socios, los empresarios inmobilarios. La caja, además, financiaba a las sociedades mexicanas otorgándoles créditos para sus inversiones. En ocasiones renegociaba estos préstamos para dar más tiempo de pago.

Contrato de gestión

Ferri, Baldó y Poch cobraban dinero por gestionar Grand Coral, un 5% del importe neto de todas las ventas anuales de los distintos proyectos. Se estima que sólo por este concepto percibieron 8,1 millones de dólares.

Bancaja y sus compañeros de viaje firmaron 3 pactos de socios, en 2005, 2006 y 2009, para cada uno de los proyectos de México. Estos documentos regulaban las participaciones de cada uno, las relaciones entre ellos y las inversiones a realizar en cada caso.

Los socios mayoritarios por parte de los empresarios siempre fueron Baldó y Ferri, pero en algunos proyectos concretos se dio entrada a otros inversores inmobiliarios, a los que nuevamente Bancaja les dejaba el dinero que necesitaban para comprar sus respectivas participaciones.

Seis fueron las actuaciones en esta línea que hicieron saltar las alarmas, en torno a proyectos situados en Quintana Roo, en San José del Cabo y Riviera Maya.

Ferri, Baldó y Poch compraban las acciones de las empresas a precios muy bajos y, después, cuando entraba Bancaja y Banco de Valencia en el capital a un precio muy superior (a través de ampliaciones con prima de emisión) ellos cobraban plusvalías. La más grande, en una sola operación, se produjo en la sociedad Consultoría del Mayab, por la que se embolsaron 138 millones. En total cobraron plusvalías por 160 millones, que se unieron a los quebrantos por los préstamos impagados (más de 600 millones).

La operativa se apoyaba en testaferros, personas interpuestas por los socios inmobiliarios de Bancaja que le representaban y que organizaban sus finanzas. Entre los que apoyaban a Ferri, Baldó y Poch está TMF (ver información inferior izquierda).

¿Dónde iba el dinero?

Los empresarios cobraban el dinero en varias entidades, algunas del banco andorrano BPA, a través de varias cuentas puentes a otras. La instrucción da por hecho que BPA ponía al servicio de sus clientes «un servicio de opacidad para recibir el dinero de cuentas de estos en sociedades offshore» [paraísos fiscales].