Casi 50 consejeros y directivos de la ya extinta Bancaja se van a sentar en el banquillo de los acusados por provocar supuestamente un desfalco de 750 millones de euros a la entidad de ahorros y su filial el Banco de Valencia en el proyecto hotelero Grand Coral, en México. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela así lo decidió el pasado 31 de julio. Salvo tres excepciones (el fallecido Arturo Virosque, Jordi Palafox, quien dimitió en 2006, y Francisco Oltra, que votó en contra en 2009 pero a favor en las ocasiones anteriores), todos los miembros de los consejos de administración de Bancaja que aprobaron en octubre de 2005, diciembre de 2006, octubre de 2007 y diciembre de 2009 las distintas operaciones financieras que provocaron el mencionado agujero se encuentran ya a la espera de que se fije fechar para su juicio.
El consejo de administración de la caja era el principal órgano de decisión de la entidad después de la asamblea, el que aprobaba las grandes líneas de actuación, nombraba al director general y daba el visto bueno a las operaciones de mayor volumen en las que participaba Bancaja, entre otras cuestiones de calado. Independientemente del dispar origen de cada uno de ellos, de su competencia e idoneidad, sobre todo entre los representantes del grupo de impositores, que eran elegidos por sorteo entre los clientes, incluso de su filiación política (casi todos adscritos al PP, en su mayoría, y el PSPV), lo cierto es que eran los responsables últimos de lo que sucedía en la caja, de manera especial el presidente, José Luis Olivas, que accedió al cargo en enero de 2004, solo seis meses después de dejar de ser presidente de la Generalitat.
Cualquiera que se preciara de tener un mínimo conocimiento de cómo funcionaba Bancaja sabe que nada se movía en la entidad sin el impulso o el conocimiento de Olivas. Formalmente no era un presidente ejecutivo, que es uno de los ejes clave de su defensa, pero en la práctica ejercía como tal. Como afirmaba esta semana a este diario un exconsejero, el problema es que judicialmente es muy difícil probar lo contrario: «Solo lo pueden certificar él y las personas con las que se reunía». La jueza, no obstante, lo tiene claro y ha incluido en su auto a Olivas entre los «ejecutivos».
En cualquier caso, esa será materia a dilucidar durante el juicio. Al igual que el grado de conocimiento que los restantes consejeros tenían del alcance real de las operaciones y de las implicaciones que iban a tener para la caja. También si alguno de los intermediarios empresariales o financieros resultó personalmente beneficiado en perjuicio de la entidad.
Aquí estará una de las claves del caso. Es decir, determinar, en el supuesto de que haya condena, si hay una responsabilidad general o esta se circunscribe solo a quienes estaban al tanto de todos los detalles de las operaciones. Y es que la jueza Lamela, además de a los empresarios alicantinos (y promotores de los proyectos), Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch, ha sentado en el banquillo a los principales directivos de Bancaja y el Banco de Valencia, que en aquel momento estaba controlado (40 % del capital) por la entidad de ahorros y que también presidía Olivas. Los exdirectores generales de la primera (Fernando García Checa, hasta 2007, y Aurelio Izquierdo, hasta 2010) y el exconsejero delegado del segundo (desde 1994 hasta 2011), Domingo Parra, figuran en primer lugar, pero también aparecen los gestores que dependían de ellos en la caja y sus participadas inmobiliarias Actura y Bancaja Hábitat.
Directivos
Se trata de las personas que analizaban y daban el visto bueno a las diferentes operaciones crediticias: el director de Participadas Inmobiliarias de Bancaja, Rafael Tomás Codoñer; el director de Participadas de Bancaja y consejero delegado de Bancaja Hábitat, José Cortina; el encargado del área internacional de Actura Julián Dolz; el director de Suelo de Actura, Manuel Setién; el director de Riesgos de Bancaja, Antonio Paños; el responsable de Auditoría de Bancaja y participadas y también director de Riesgos, José Vicente Giner; y el director técnico de Suelo de Actura, Juan Miguel Boluda. A ellos hay que sumar a otro director de Participadas de la caja, Arturo Alario, al director de Participadas del Banco de Valencia, Alfonso Monferrer, y al director de Auditoría de la misma entidad, Juan Carlos Zafrilla.
Fuentes del antiguo consejo de la caja aseguran que los entonces consejeros no tenían elementos de juicio suficiente para calibrar si había irregularidades o potenciales peligros en operaciones de calado. Los consejeros tenían a su disposición la información de los diferentes proyectos antes de aprobarlos y podían consultarla en la sede de la propia caja con anterioridad a ser sometidos al órgano de gobierno. En virtud de la confidencialidad, esa documentación no podía salir del edificio. Algunos consejeros -los menos- tenían formación suficiente para interpretar los números. Muchos se dejaban llevar por la confianza en los directivos.
He ahí otra clave: el gran peso que tenían los ejecutivos, que en realidad eran los únicos banqueros reales que había en la caja. Desde luego, en el consejo no había ninguno que se aproximara a esa profesión. Las citadas fuentes explican que, en el caso de la filial inmobiliaria, Bancaja Hábitat, las operaciones solo llegaban al consejo de la entidad de ahorros cuando esa firma tenía necesidad de un crédito abultado para participar en PAI,s o para la compra de suelo. En esos casos, las peticiones venían avaladas por el comité de riesgos de la caja, un órgano de control interno que estaba integrado por una decena de altos ejecutivos de la caja.
Los miembros del consejo de Bancaja tenían una remuneración muy escasa, a años luz de lo que cobraban entonces (y ahora) sus homólogos en los bancos. Básicamente, percibían dietas por asistir a los consejos. El presidente, o sea Olivas, compensaba los precarios emolumentos mediante su participación en los consejos de filiales o participadas, como es el caso del Banco de Valencia, Iberdrola o Enagas. También premiaba a otros consejeros ?siempre que no fueran díscolos- poniéndolos en el consejo de alguna firma del grupo, donde percibían dietas más generosas. Una de esas firmas era Bancaja Hábitat. Según el relato de un consejero que también fue vocal del órgano de gobierno de la filial inmobiliaria, el consejo de esta última se reunía dos o tres veces al año: «Nos informaban de los datos generales, pero no de las operaciones concretas, que las hacían los ejecutivos». Es decir, que no había control alguno.
Las fuentes consultadas aseguran que, aunque no imposible ?así lo demuestra el auto de la juez Lamela-, era difícil que se produjeran alianzas entre todos los altos directivos de la caja, dado lo heterogéneo que era el grupo. Podía haber amistad entre dos o tres de ellos, pero no entre todos. Unos venían del mundo de la auditoría y otros de las finanzas; unos eran comerciales y otros, expertos en riesgos. «Se notaba entre ellos opiniones discrepantes cuando venían al consejo de la caja a explicar cómo iba la entidad», una práctica que se realizaba de forma regular.
Claro que bastaba que los principales jefes fueran muy amigos o aliados para que pudieran forzar a algunos de sus subordinados a tolerar actuaciones poco profesionales o a implicarlos en las mismas. Buena prueba de ello es la relación, incluso societaria, que tuvieron Aurelio Izquierdo y Domingo Parra cuando el primero era director general de Bancaja y el segundo, consejero delegado del Banco de Valencia. Llegaron a tener una sociedad llamada Izpa que es uno de los ejes de la investigación de otro juez de la Audiencia Nacional, en este caso por el hundimiento del Banco de Valencia. Se diría que esa es otra historia, pero en realidad parece que es la misma.
