El cierre de las centrales nucleares que prepara el Gobierno en cuanto alcancen su vida útil tendrá un coste en el sistema eléctrico de hasta el 20 %, según revela el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas en un estudio encargado por la organización ecologista Greenpeace. El análisis advierte de que si a esos cierres se añade la clausura de las térmicas de carbón el sobrecoste podría llegar al 32 %. La vida útil de la central nuclear de Cofrentes (que produce el 50 % de la energía que se consume en la C. Valenciana) vence en marzo de 2025 y el Ejecutivo ya ha advertido de que no está dispuesto a prorrogarla. El coste energético tiene un impacto del 40 % en la factura.

El informe, titulado «Estudio técnico de viabilidad de escenarios de generación eléctrica en el medio plazo en España», considera factible que la generación eléctrica con carbón pueda sobrevivir a pesar de su ineficiencia en 2030, cinco años más tarde de la fecha orientativa de cierre de las térmicas que mantiene la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El estudio técnico de la Universidad de Comillas defiende un incremento de las plantas de cogeneración a gas para que actúen como respaldo de las renovables. Los responsables de la investigación prevén un incremento del 2 % anual del consumo eléctrico. «Cuando la demanda crece a una tasa elevada (en este caso a un 2 % anual), todos los escenarios requieren la instalación, además de las energías renovables previstas, de potencia adicional a la ya existente (generalmente de respaldo y por tanto con bajas horas de funcionamiento). Respecto a la potencia existente, los ciclos combinados verían aumentar sus horas de funcionamiento para cubrir el incremento de la demanda, sobre todo en escenarios en los que se retira potencia nuclear o de carbón».

Centrales de respaldo

El análisis incide en el sobrecoste que implicará el apagón nuclear y las térmicas de carbón para mantener las centrales de respaldo. «Ese extracoste se sitúa entre un 1 % y un 12 % en el caso de la eliminación del carbón y entre un 6 y un 20 % adicional en el caso de la retirada de la nuclear. Estos extracostes se refieren a los gastos de inversión en potencia adicional, los de operación y los de emisiones de CO2».

El informe técnico subraya que un crecimiento controlado de la demanda eléctrica y el aumento de las energías renovables hasta 2030 dentro de los límites analizados en el estudio «son beneficiosos en cualquier caso y también facilitarían la retirada de la energía nuclear y de carbón». No obstante, poco después advierte de que «en cualquier caso hay que recordar que el fin de la nuclear siempre supone un cierto aumento de coste y de emisiones, mientras que la eliminación del carbón implica un gasto pero también evita emisiones».

La «Propuesta de base para una estrategia de transición energética» realizada por el consejo de asesores del PSOE y que está siguiendo como guión Teresa Ribera, considera necesario el cierre ordenado de las plantas térmicas de carbón antes de 2025, la clausura de las centrales nucleares a medida que vayan cumpliendo los 40 años de vida y el impulso de la electrificación de la movilidad y el transporte de manera que al llegar a 2030 el parque de vehículos eléctricos e híbridos enchufables sea como mínimo de 2,25 millones de unidades y se alcance una penetración de mercado del 55% ese año.