El incremento de la economía sumergida, uno de los males de la sociedad que el Estado se ve incapaz de acotar, está elevando de forma exponencial las sanciones tributarias en los últimos años. Así se desprende de la evolución de los datos de recaudación de Hacienda, que revelan que este pasado 2017 se ingresaron 121,74 millones en la Comunitat Valenciana en concepto de sanciones, recargos e intereses. La cantidad supone un incremento del 119% respecto a los 55,5 millones de 2008, un año antes de la crisis y de que la economía real se hundiera.
Más que al éxito o al aumento de la presión sobre el fraude, los especialistas explican esta evolución sencillamente a que la economía sumergida crece al doble de velocidad que la economía real. José Maria Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), se apoya en informes de Funcas para respaldar que, desde los años 80, los ingresos de la lucha contra el fraude han crecido en una proporción similar al del crecimiento del propio fraude, contando con los mismos recursos inspectores.
En general, en toda España se ha producido un incremento de la recaudación por sanciones, recargos e intereses, aunque con menor intensidad. Se ha pasado de los 695 millones del año en que estalló la crisis a los 1.100,7 de este pasado 2017, según el informe anual que acaba de dar a conocer la Agencia Tributaria. Es un 58% más.
Con todo, durante el último año se ha producido un descenso generalizado en toda España, del 12,4%, y del 28,2% en la autonomía. Más que por una reducción del fraude, los expertos entienden que los dos años de caídas en la recaudación por sanciones a nivel nacional se deben a un mal diseño de la estrategia de vigilancia.
«Al centrar la investigación sobre el autónomo o el microempresario se da este resultado. Y las grandes bolsas de fraude no estan ahí», aseguran desde Gestha. «En nuestra opinión, el 80% de la comprobación no puede estar ahí. Tiene que haber un desplazamiento de la lupa de la investigación, sobre todo ahora que vemos que se están recuperando los beneficios empresariales», afirma Mollinedo.
Por lo demás, la recaudación de la Agencia Tributaria en la Comunitat Valenciana creció de forma importante durante el pasado año. Hacienda captó 12.741,06 millones en 2017, un 5% más que en el ejercicio anterior. Por encima del total autonómico, que aportó un 4,2% más a las arcas del Estado. En el caso valenciano, el IRPF, que es el principal gravamen de la cesta fiscal, aportó 5.271,78 millones, una mejora del 4,5% respecto a 2016. El IRPF que pagan los no residentes se mostró mucho más dinámico, con un aumento del 12,18 % (más de 90 millones).
Mención especial para el impuesto de sociedades. Del beneficio de las empresas valencianas redundaron en las arcas públicas más de dos mil millones (2.037,36), casi un 19% más que el año anterior. Un dato, además, que llegó en un año marcado, además de por la recuperación de las grandes empresas, por el movimiento de grandes corporaciones que abandonaron Cataluña por el conflicto político.
También los impuestos especiales, bastante ligados al consumo, experimentaron un crecimiento importante. Así, en la autonomía se recaudaron casi 293 millones, un 9,7% más. Destacan en particular el aumento de los ingresos por el alcohol, un 13,6% más, o de la electricidad, con una mejora del 11,7%.
