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Generalitat

Economía suprime 4,3 millones de ayudas a empresas sociales por el colapso del Ivace

Ante la falta de medios en el instituto, la conselleria derivó los fondos a la mejora de los polígonos para evitar perder el dinero

Con la legislatura a punto de agotarse, parece que el peso de la industria, la economía real, se ha impuesto a los nuevos caminos que pretende abrir la Conselleria de Economía Sostenible y del Bien Común. El departamento que dirige Rafa Climent ha renunciado a conceder subvenciones para apoyar proyectos de inversión de empresas sociales, y ha derivado estos fondos a la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos y áreas industriales.

¿Cuál es el motivo? Según alega la conselleria, el colapso del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) no ha dejado otro remedio. Es el departamento que gestiona el grueso de las ayudas de la conselleria, y el que tenía que convocar y conceder también una línea de apoyo a proyectos de inversión de empresas sociales. Son 4,3 millones en total: 2,4 millones en el ejercicio 2017 y 1,9 millones para este año, transferidos por la Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo de Paco Álvarez, al Ivace, según figura en los presupuestos.

Según reconoce la conselleria en un escrito, las limitaciones de recursos humanos, técnicos y de apoyo disponibles en el Ivace han impedido convocarlas ninguno de los dos años. Ante el bloqueo, se ha dado prioridad a las convocatorias que cuentan con cofinanciación europea, para no perder los fondos de la UE.

Y para evitar que el dinero reservado a las empresas sociales se pierda, se ha destinado, vía modificación de crédito, a ampliar las ayudas a los polígonos industriales y llegar a más áreas.

Paradójicamente, la Dirección General de Emprendimiento, la que impulsa estas líneas, cedió el crédito a Ivace contando con que, por sus mayores recursos, podría gestionarlos mejor. Fue peor el remedio que la enfermedad.

Problemas

Las ayudas tuvieron problemas desde el principio. No fue hasta el 27 de octubre del pasado año cuando el Diari Oficial publicaba las bases de las ayudas. Un retraso que dejó a la conselleria prácticamente sin margen de maniobra para sacar las ayudas a concurrencia competitiva.

Con esta consignación presupuestaria, el equipo de Climent pretendía impulsar este tipo de empresas, «que ocupan una posición destacada en la transformación del modelo económico, al constituirse como motores del cambio», según el preámbulo de las bases.

Por definición, la empresas sociales son fundaciones, asociaciones y otras entidades no lucrativas, o las mercantiles participadas al 50% por una entidad no lucrativa. Para acceder a los fondos, se les exige tener como objetivo primordial la consecución de impactos sociales mensurables y positivos, «en lugar de generar beneficios exclusivamente para sus propietarios». La cuantía prevista de las ayudas alcanzaba un máximo de cien mil euros por proyecto.

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