Arranca el curso político que desembocará en elecciones autonómicos y los partidos comienzan a perfilarse y tomar posiciones con cada uno de los temas conflictivos. El director general de Comercio, Natxo Costa, de Compromís, se despachó ayer contra el Gobierno, es decir, contra el PSOE, después de la publicación de un informe crítico con la última ley de horarios comerciales de la Generalitat, que ha recortado el número de días de apertura de los comercios en las grandes ciudades de la C. Valenciana.

Como adelantó ayer Levante-EMV, la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, un organismo dependiente del Ministerio de Economía, pone en cuestión la ley aprobada en febrero pasado. En opinión de este departamento, no está justificada por ninguna razón imperiosa de interés general la reducción del régimen de aperturas de que goza el comercio en València, Alicante y otras decenas de ciudades turísticas. Y advierte de una colisión con la ley de Garantía de Unidad de Mercado.

Este informe refuerza la posición crítica del Gobierno, y llega pocos días antes de que se constituya una comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat para abordar la posible inconstitucionalidad de esta ley. Tras la moción de censura que desalojó al PP de la Moncloa, el nuevo Gobierno deslizó que sería benévolo con los frentes abiertos con la autonomía, pero nada indica, por ahora, que se vaya a cancelar esta comisión.

Costa convocó una rueda de prensa para valorar el informe, y lo presentó como una especie de ataque a la «soberanía popular y las Corts», ya que la ley, fruto de un acuerdo del sector, fue respaldada por la mayoría del Parlamento valenciano. «No entenderíamos que el Gobierno progresista al que apoyamos recurriera las acciones de las Corts. Sería una incoherencia de un grupo político», dijo en referencia a los socialistas, que ocupan el Gobierno de Madrid y de la Generalitat.

Además de la legalidad de la ley, el informe aborda otra cuestión: la pretensión del centro comercial MN4, de Alfafar, de abrir con el mismo régimen que València. En este sentido, el director general interpreta que el informe es «contrario» a los intereses del operador, ya que «la zona de Alfafar es diferente [de la de València] y se pueden aplicar criterios diferentes».