Miguel Borra Izquierdo (Zaragoza, 1968) lleva siete años al frente del CSIF. Sindicalista desde muy joven y deportista (rugby y kárate), dejó temporalmente el Cuerpo Técnico de la Función Administrativa del Servicio Madrileño de Salud para tomar las riendas de sindicato y «luchar por mejorar las condiciones laborales de 2,5 millones de trabajadores en el sector público», asegura.
El presidente del CSIF se muestra muy crítico con la política de «gestos» del Gobierno del PSOE y la anunciada subida de impuestos. Asegura que esta organización sindical ya cuenta con 190.000 afiliados «que pagan», tras crecer un 5 % en lo que va de año.
¿Qué valoración hace de los cien primeros días de Pedro Sánchez al frente de la Moncloa?
Es un Ejecutivo de gestos, de dimisiones de dos ministros y de una directora general de Trabajo. Ni siquiera ha abierto las mesas de negociación pactadas con las centrales sindicales mayoritarias de la Administración Pública en estos últimos meses. Ni siquiera se han desarrollado los temas ya aprobados con el anterior Gobierno como la subida salarial del 2,25% a partir del 1 de enero de 2019 tras el 1,75 % del presente ejercicio. Si no hay Presupuestos aprobados queremos que sea vía Decreto-ley la manera de aprobar ese compromiso. También observamos divergencias entre las medidas anunciadas por algunas ministras del ramo económico con las del presidente Sánchez. Y me llama la atención que se hable de la «ministra de la sanidad universal» al hablar de Carmen Montón cuando gran parte de los servicios de urgencias de los hospitales públicos están colapsados.
La economía, según los últimos indicadores de PIB, ¿entra un período de desaceleración?
Lo que no sé es qué parte de esa desaceleración tiene que ver con el cambio de Gobierno. Hay grupos inversores que están frenando proyectos ante los posibles cambios de tributación de sociedades, como dedicadas al alquiler de inmuebles: socimi. Sin duda, hay temores por parte grupos de inversores y los mercados quieren tranquilidad y estabilidad. El Gobierno no puede negar lo obvio y que la pase igual que con la anterior crisis. Hay indicadores que constatan esa desaceleración, como el repunte del paro.
La Ministra de Economía, Nadia Calviño, aboga por subir impuestos para poder incrementar el gasto social y tener estabilidad presupuestaria. ¿Comparte esa estrategia?
Los milagros en economía no existen. Si se quiere incrementar los gastos indudablemente tienes que mejorar los ingresos. Y para hacerlo necesitan que alguno de los impuestos crezca, porque sube la actividad económica o bien puede crear nuevos impuestos. Pero la experiencia de este país indica que cada vez que se produce un alza de los tributos los acabamos pagando los mismos: los que tenemos nómina y somos asalariados. Eso que anunció el «ministro portavoz» Pablo Iglesias (líder de Podemos) al afirmar se aprobaría un impuesto para los que ganan más de 10.000 euros al mes parece un brindis al sol para colaborar más en los servicios públicos. En España sólo hay 50.000 personas que ganan más de 120.000 euros al año.
¿Qué efecto tendría eso sobre la recaudación del IRPF?
Mínimos. No se puede hacer demagogia. Si ponen un impuesto a la banca, a las transacciones financieras, acabarán repercutiendo ese gasto a los clientes. Hay que tener cuidado con los impuestos.
Entonces, ¿hay que aumentar o no el gasto público?
Si se hace de una manera ordenada, sí. Aumentar de manera ajustada, adecuada y controlada. Pedro Sánchez ha aumentado el número de ministerios y los puestos de libre designación. Ese dinero también se podría haber utilizado para gasto social.
¿Para cuándo la reforma de la función pública?
A la reforma del sector sector público le pasa como al Quijote, que es más comentado que leído. Por eso, las reformas del sector público son más habladas que hechas.
¿Qué piensa del papel de las diputaciones?
Las diputaciones prestan servicios fundamentales a ciudadanos y a pequeños municipios, que no podrían recibir sin las corporaciones provinciales. Esos servicios son prestados por empleados públicos pero no por los diputados. Por tanto, en las diputaciones habría que despedir a los diputados, con prebendas, asesores y cargos de libros designación que tienen, y mantener los empleados públicos. Se ahorraría mucho gasto. Tendría que haber un presidente de la diputación y que los alcaldes marcaran criterios.
El presidente Ximo Puig
Son promesas en inversiones en obras públicas. Anuncios electorales. No damos mucho crédito. En tres años que lleva el Gobierno del Botànic no se ha construido ningún hospital. Se habla mucho del inicio de la obras de la antigua Fe aunque estamos a final de legislatura y todo está igual. Y mejor no ponerse enfermo en el mes de agosto porque los colapsos son brutales.
