La Generalitat pretende extender la aplicación de la responsabilidad social a todo el tejido empresarial y a la propia administración y para ello el Consell aprobó el pasado julio una ley, publicada en septiembre en el BOE, que extienda estas prácticas que abarcan un amplio catálogo de actuaciones, desde los derechos humanos y el comercio justo a la sostenibilidad ambiental, la transparencia, la lucha contra la corrupción y el fomento de condiciones de trabajo óptimas como la formación, la igualdad de género o la salud y el bienestar de los trabajadores.
La presidenta de la comisión de responsabilidad social de la patronal autonómica CEV, Amelia Navarro, explicó a este diario que la nueva ley -a la espera de la aprobación, en el plazo máximo de seis meses, del reglamento que la desarrolla- tiene una especial incidencia en las empresas porque incluye cláusulas para contemplar este concepto en las contrataciones públicas. Navarro aseguró que el texto, en línea con lo que defendía la CEV, no es discriminatorio para aquellas mercantiles que no hayan sido reconocidas como socialmente responsables por la administración.
Y es que la nueva legislación establece un procedimiento para reconocer de forma verificada -previendo la singularidad de las pequeñas empresas- el buen gobierno corporativo de las mercantiles que así lo deseen. A dicha declaración se le atribuyen una serie de beneficios, "algunos ligados a la contratación pública, fiscales o de otro tipo". Así las cosas, las firmas que lo deseen deberán presentar una memoria, que garantice el cumplimiento de dichas prácticas, para obtener un sello o distintivo. Las que no aspiren a ello, para no ser discriminadas en materia contractual, tendrán que acreditar de "forma fehaciente ante el órgano de contratación que disponen de dichas prácticas de responsabilidad social, lo que se tendrá que valorar de forma no automática, a diferencia de la valoración reglada que supondrá tener aquel distintivo". Estas últimas deberán saber que "el ordenamiento jurídico, al ser una situación objetivamente distinta, también podrá dar un trato distinto".
La ley contempla la creación de un Registro de Entidades Valencianas Socialmente Responsables. Las firmas que estén integradas en el mismo gozarán de algunos beneficios. Por ejemplo, en materia de contratación pública, se considerará un criterio de desempate en la adjudicación, mientras que en la concesión de ayudas y subvenciones, la responsabilidad social figurará como criterio de valoración o ponderación en el otorgamiento de las mismas.
Navarro valoró positivamente la nueva legislación y apuntó que, aunque las empresas valencianas ya han iniciado el camino hacia la responsabilidad social, "todavía hay trecho por recorrer". La presidenta de la mencionada comisión de la CEV expuso también que la concepción "más moderna" de este concepto es "huir de la filantropía e ir incorporando compromisos medioambientales, de buen gobierno o con las plantillas de trabajadores".
