Rodrigo Rato encara sus últimos momentos en libertad. El expresidente de Bankia y de Caja Madrid entrará en prisión en cuestión de días después de que el Tribunal Supremo confirmara ayer la condena de cuatro años y medio de prisión que le impuso la Audiencia Nacional en 2017 por apropiación indebida continuada en el caso de las tarjetas black de la entidad, con la que Rato desembolsó 99.000 euros.

El ingreso en prisión no será automático, ya que el Tribunal Supremo debe remitir ahora la orden de ejecución de sentencia, tras lo cual el ex director gerente del FMI dispondrá de un plazo de entre 5 y 10 días para ingresar voluntariamente en la cárcel. Rato indicó ayer a Europa Press que todavía no ha decidido si recurrirá dicha sentencia ante el Tribunal Constitucional.

La sentencia, de 456 páginas, sostiene que Rato «mantuvo y amplió un sistema pervertido desde su origen» (el uso de tarjetas opacas para obtener dinero en efectivo con cargo al patrimonio de la entidad). El alto tribunal sostiene que Rato y el resto de los condenados actuaron como si fueran «dueños del dinero», invirtiendo los importes que consideraron oportunos en desembolsos que ellos mismos decidieron.

Así, «mediante el uso de la tarjeta, disponían a su antojo y sin control alguno del dinero de la caja para lo que considerasen oportuno». De ahí que el Supremo reconozca que se perjudicó el patrimonio de la entidad .

Dadas sus responsabilidades, experiencia y preparación para el cargo, Rato no podía ignorar el funcionamiento opaco de las tarjetas, pese a lo cual «mantuvo el sistema e incluso lo amplió a otras personas»; primero, a su favor, y, ya en Bankia, de sus más estrechos colaboradores. En cuanto a la proporcionalidad de la pena, el Supremo defiende que es adecuada, ya que Rato «se lucró indebidamente y permitió el lucro de los demás», durante un «apreciable periodo de tiempo y por cantidades importantes»

Nadie con un mínimo de formación, prosigue la sentencia, puede admitir que el sistema se pudiera justificar, dado el grado de ocultación y opacidad «también a efectos fiscales» del sistema de las visas, informa Efe.

La sentencia afecta a Rato y a 63 exdirectivos y exconsejeros de Caja Madrid y Bankia, cuyas penas oscilan entre cuatros meses y cuatro años y medio de cárcel. La más elevada es la de Rato. Se da por acreditado el gasto de más de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012, así como el uso personal de los plásticos a sabiendas de que era una práctica ilegal. De los 12 millones de euros, 9,3 millones corresponden a la etapa de Miguel Blesa, fallecido en 2017, al frente de Caja Madrid (1996-2010), y 2,6 millones cuando el presidente era Rato.