El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado finalmente vía libre al cambio de tarifas eléctricas que desde hace tiempo el Partido Nacionalista Vasco (PNV) quería introducir en sus negociaciones con el Estado. En concreto, este cambio regulatorio va a suponer la eliminación de un peaje por uso de la red a los grandes consumidores industriales que están conectados a líneas de tensión de entre 30 y 36 kilovatios. Este rango de tensión queda encuadrado ahora en la tarifa 6.2.
La eliminación de este peaje es una reivindicación histórica de la industria pesada vasca, cuyos lobbies han presionado para obtener mejoras. De hecho, un total de 1.250 empresas de seis comunidades autónomas se verán beneficiadas por el cambio de tarifas eléctricas que ha entrado en vigor esta semana y lograrán un ahorro conjunto que rondará los 100 millones de euros anuales.
El cambio de tarifas había sido incluido en el pacto entre los nacionalistas vascos y el Gobierno de Mariano Rajoy a cambio del apoyo a sus presupuestos de 2017, pero se había ido retrasando. También se abordó en la negociación de 2018 y, según parece, el PNV ha mantenido la exigencia a cambio de respaldar la investidura del socialista Pedro Sánchez en la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy.
La Plataforma KV25/30, un grupo empresarial radicado en Vizcaya que lleva años reclamando esta mejora, cifra en 1.250 industrias las beneficiadas por el cambio normativo. De ellas, 790 están en el País Vasco. Hay además 42 en Navarra, 33 en Castilla y León, 17 en Cantabria y 11 en Asturias.
La Comunitat Valenciana, por contra, no sale bien parada de este cambio regulatorio. En sentido estricto, este cambio tarifario no afecta a autonomías, sino a líneas de tensión. Con el sistema actual de peajes, cuanto mayor es la tensión de la línea más barato es el acceso a la red. Y con el cambio recién aprobado, las empresas conectadas a la tensión de 30 KV, que está mayoritariamente desplegada en el País Vasco, obtienen importantes ahorros.
En el caso de la Comunitat Valenciana, sin embargo, la red de 20 kilovoltios es la más habitual, pero también hay muchos kilómetros de alta tensión distribuidas por el territorio (66 KV). La industria de consumo intensivo, la que más energía consume en sus procesos productivos, sin embargo, no está conectada a ella. De ahí la desventaja competitiva para la industria valenciana con el cambio que acaba de entrar en vigor, aunque la Generalitat e Iberdrola tratan de tomar medidas adicionales para revertir la situación.
La plataforma KV 25/30 reclama también que los clientes enmarcados en las tarifas de 25 KV sean reubicados en el peaje 6.2. Según sus datos, son más de 4.500 las empresas discriminadas y pagarían 250 millones por estar «mal encuadradas». En Cataluña hay 3.277 empresas con la tarifa de 25 KV, en Extremadura 365, en Aragón 290, en Murcia 6 y en la Mancha 3.
