Pese a la vocación del Botànic de revertir servicios privatizados y devolverlos a la gestión público, la ITV podrían seguir en manos de un puñado de empresas más allá del 31 de diciembre de 2022. La Conselleria de Economía lleva desde hace meses hablando de forma de discreta con la patronal que agrupa a las concesionarias de la inspección técnica de vehículos. Y el objetivo de las negociaciones no es otro que abordar posibles compensaciones a las empresas que prestan este servicio a fin de evitar una demanda millonaria contra la Generalitat.
La entidad que agrupa a estas firmas, Aecova, ha puesto sobre la mesa una petición de indemnización que ya superaría los 50 millones de euros (y subiendo cada día). Esa cantidad se corresponde con el importe que han dejado de ingresar tras la bajada de tasas impuesta por el Consell de Fabra en 2014. Una rebaja que, cuatro años después, ha sido anulado por el TSJ de la Comunitat Valenciana.
La sentencia, en realidad, se refería a una de las áreas privatizadas, pero se entiende que su sentido es de aplicación a todo el territorio. Básicamente, el tribunal anuló la rebaja de tarifas de 2014 porque no se acompañó del estudio económico financiero que justificara la decisión.
Aunque la conselleria recurrió el fallo, ya estudia medidas compensatorias para las adjudicatarias. «Hemos de decidir en beneficio del usuario», explican desde el departamento que dirige Rafa Climent. El objetivo es evitar tanto una subida de tarifas como una demanda multimillonaria.
¿Y en qué pueden consistir esas contrapartidas para las empresas adjudicatarias? Una de las posibilidades que se están estudiando es directamente ampliar la concesión durante más tiempo. Las empresas que se llevaron los lotes hace dos décadas tienen una concesión hasta el final de 2022.
Otra de las vías que se contempla para evitar el conflicto con las empresas es la de ampliar los servicios de la inspección de vehículos. Por ejemplo, autorizar la implantación de nuevas estaciones de inspección en comarcas a las que ahora no llegan. Los empresarios llevan tiempo reclamando que se actualice un mapa diseñado a finales de los 90 y que no se ha adaptado al incremento del parque móvil. En 1997, bajo mandato de Eduardo Zaplana el territorio autonómico fue dividido en cinco lotes que se repartieron varias empresas, y algunas áreas han cambiado de manos.
En todo caso, desde la conselleria reconocen que no hay nada cerrado. En este sentido, la propuesta podría chocar con los principios de Compromís, partidario de un sistema público y que esta legislatura ya hizo movimientos para controlar el negocio de las ITV. «En función de cómo evolucionen las conversaciones, decidiremos», explican.
