El Gobierno ha rebajado su previsión de crecimiento económico para el próximo año hasta el 2,3 %, aunque confía en que este avance, unido a las nuevas figuras fiscales, permita financiar las medidas de gasto anunciadas y cumplir con la meta de déficit comunicada a Bruselas, el 1,8 % del producto interior bruto (PIB) en 2019. El Consejo de Ministros abordó ayer, en sesión extraordinaria, el borrador de plan presupuestario para el próximo año que a lo largo del día iba a remitir a Bruselas, así como una actualización del cuadro macroeconómico.
El Gobierno ha rebajado una décima su previsión de crecimiento para 2018 y para 2019, hasta el 2,6 % y 2,3 %, respectivamente, ante el ajuste del sector exterior, que restará una décima al crecimiento este año y no aportará nada al de 2019.
Las peores perspectivas de las exportaciones irán acompañadas de una moderación de las importaciones, mientras que mejoran las previsiones de demanda nacional, impulsada por las inversiones.
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, explicó que el Gobierno prevé situar la deuda pública en el 95,5 % del PIB al cierre de 2019, casi tres puntos por debajo del 98,3 % con el que se terminó 2017. Las líneas generales de Presupuestos contemplan un límite de gasto no financiero o techo de gasto para el próximo año de 125.064 millones de euros, un 4,4 % superior al de este año.
Este techo de gasto es el mismo que se aprobó el pasado verano y supone un incremento de 5.230 millones que, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deriva más de compromisos del PP (3.238 millones), como la subida salarial de los funcionarios, que de nuevas iniciativas de este Ejecutivo (1.992 millones).
Para financiarlos, Hacienda espera que los ingresos de los Presupuestos se incrementen en 11.724 millones, como resultado del propio ciclo económico (6.413 millones), nuevas figuras impositivas (3.811 millones) e ingresos no tributarios (1.500 millones).
En la documentación que se remitirá a Bruselas, el Gobierno baraja un déficit público del 1,8 % del PIB en 2019, que es la senda negociada con la UE, pese a que no está aprobada en Cortes.
