Los resultados del plan de choque de la Inspección de Trabajo contra el fraude laboral en la Comunitat Valenciana dejan en evidencia la capacidad de intimidación de los funcionarios en aspectos como la contratación a tiempo parcial. Según el primer balance de la última campaña realizado el pasado 30 de septiembre, la Inspección envió a empresas valencianas comunicaciones que afectaban a 7.617 trabajadores en los que presuntamente se realizaba un uso irregular de los contratos a tiempo parcial. Y el efecto de estas advertencias ha sido escaso: solo se ha incrementado la jornada en 1.034 contratos, apenas el 13,57% del total. De ellos, en 911 casos son incrementos de jornada igual o superior al 50%; en 123, incrementos inferiores al 50%, y 78 trabajadores alcanzaron la jornada completa fruto de la regularización.
¿A qué se debe esta escasa respuesta de los empresarios ante la posibilidad de regularizar de forma voluntaria esas situaciones? Los funcionarios responsabilizan al marco legal vigente. «El resultado obtenido podría obedecer a que estas empresas son conscientes de las dificultades a las que se enfrenta la Inspección para vigilar el cumplimiento de la normativa sobre tiempo del trabajo (contratos a tiempo parcial, excesos de jornada no retribuidos ni cotizados) por la inexistencia de una obligación legal para las empresas de registrar diariamente la jornada de sus trabajadores», señala el informe, presentado a los agentes sociales hace unos días en el marco del Consejo Tripartito de Relaciones Laborales.
Solo se controla las horas extra
Cabe recordar que el pasado año, el Tribunal Supremo ratificó que la obligación de las empresas se limita solo al control de las horas extraordinarias. La Audiencia Nacional ha reclamado al Tribunal Europeo que aclare esta cuestión, que es objeto de debate jurídico desde hace años.
El escaso efecto de las advertencias de Trabajo sobre la contratación abusiva a tiempo parcial contrasta con el del otro plan de choque, encaminado a detectar el fraude en la contratación, con encadenamiento de contratos temporales y contratos de obra superior a cuatro años.
En este caso, de los más de 9.400 trabajadores afectados por los avisos, las empresas han transformado un total de 5.643 contratos, es decir, más del 60%, que pasan de temporales a fijos. Esta vez sí, la advertencia de Trabajo genera una rectificación por parte de la empresa.
Estos resultados corresponden a la primera fase del plan de choque. Ahora, el ministerio realizará actuaciones inspectoras en las empresas que no han regularizado la situación presuntamente fraudulenta de forma voluntaria.
«El principal objetivo de este plan es recuperar derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo para reforzar de esta manera también la garantía de sostenibilidad presente y futura de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales», valora la directora general de Trabajo, Cristina Moreno.
La responsable de Economía traslada la importancia de la colaboración de los agentes sociales «para conseguir que la lucha contra la contratación fraudulenta sea más eficaz». «El fraude es económicamente insostenible y socialmente injusto, y provoca una merma en la competitividad y productividad de la economía española», concluye.
