Las ayudas de la Conselleria de Economía a las áreas industriales, una reivindicación histórica de los polígonos por fin atendida esta legislatura y aplaudida por el sector, se ha convertido paradójicamente en un foco de tensión entre algunos alcaldes y la Generalitat.
Se trata de una partida de 22,5 millones del Instituto de Competitividad Empresarial (Ivace) para mejora y modernización de polígonos este 2018. Y existe el temor entre los 106 ayuntamientos beneficiarios de estas ayudas previstas para 166 polígonos de que pueden perderse muchos fondos.
El problema de base es que el Ivace exige a los ayuntamientos haber ejecutado antes del 31 de diciembre al menos el 45% de la obra subvencionada. El plan es bianual. Y en los municipios la sensación es que el tiempo ahoga. No llegan.
¿Por qué? En primer lugar, porque hasta el 29 de julio, casi el último día hábil antes del verano, no llegaron a los ayuntamientos las resoluciones donde se concedían las ayudas. Hasta ese momento, los alcaldes, por lo general, no habían iniciado los pliegos de los concursos por las estrecheces presupuestarias, sobre todo los pueblos más pequeños. A ese retraso se une un segundo problema: este año ha entrado en vigor la nueva ley de contratos, que es más exigente y complica las tramitaciones para la administración municipal.
En este contexto, varios ayuntamientos ya han enviado solicitud a la conselleria para ampliar ese plazo más allá del 31 de diciembre, o que se rebaje el porcentaje de ejecución (45%) que hay que certificar antes de fin de año. Otros ayuntamientos, los más pequeños, se enfrentan a la tesitura de renunciar a las ayudas o jugársela hipotecando su presupuesto. Y es que si no llegan a ese mínimo de ejecución exigida perderán fondos (o revocación de la ayuda o minoración) y tendrán que echar mano de recursos propios.
Diego Romá, gerente de la federación de polígonos Fepeval, lamenta: «Nuestros asociados están muy preocupados. En septiembre ya avisamos al Ivace de que no llegamos. Es una lástima que una vez que hay dinero, se pierda. Pedimos un enfoque flexible sobre este asunto que permita que no se pierda dinero. Una gran parte tendría que renunciar a la subvención».
Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, es uno de los alcaldes que ha puesto voz al malestar, incluso ha abordado el asunto en reuniones con el conseller Climent. «Paterna realizará las obras sí o sí, pero urge una solución para no dejar atrás a pequeños municipios que están realizando un gran esfuerzo por subirse al carro del modelo económico basado en la reindustrialización», señala.
Sagredo, al igual que la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que preside Rubén Alfaro, valora positivamente el incremento de 13 millones para Industria en los presupuestos de 2019. Se entiende que con ese dinero se podrá compensar el próximo ejercicio a los ayuntamientos que pierdan fondos este año, que se teme que pueden ser muchos. Sagredo pide a la conselleria una solución administrativa «que debe llegar ya» y rebajar las exigencias.
Pendientes de la Abogacía
La conselleria, de momento, ha pedido un informe a la Abogacía para ver si puede cambiar la orden de las ayudas y rebajar los requisitos. Con todo, desde el equipo de Climent recuerdan que las ayudas solo serían revocadas si en estos dos años no se han justificado un 50% de los gastos (por ejemplo, un 10% el primer año y un 40% el segundo). En el caso de que la ejecución estuviera por debajo de ese límite pero aún así se pudiera justificar que el proyecto sí se ha desarrollado, no habría una revocación sino una minoración.
