Abogados y asociaciones de consumidores han lamentado este martes la decisión del Tribunal Supremo de cargar al cliente con el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) en una hipoteca en contra del criterio conocido el pasado 18 de octubre que se lo atribuía a la banca.

Las críticas han llegado también desde el Partido Popular, Podemos o Ciudadanos. La formación morada, además, ha llamado a llevar a cabo una "gran movilización cívica" este sábado a partir de las 18 horas frente a la sede del tribunal.

Varapalo del Supremo a los consumidores: el cliente seguirá pagando el impuesto de las hipotecas

Varapalo del Supremo a los consumidores: el cliente seguirá pagando el impuesto de las hipotecas

Los demócratas recuperan la Cámara de Representantes y los republicanos mantienen el Senado. Vídeo: Agencia ATLAS

En el terreno institucional, el Gobierno prevé fijar el próximo jueves su posición sobre el fallo, en la reunión del Consejo de Ministros del próximo jueves.

Tras hacerse pública la decisión adoptada esta tarde por el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo, algunas agrupaciones han mostrado su oposición ante el "aberrante" paso atrás de los magistrados, aunque mantienen su esperanza en que sea la justicia europea la que de nuevo dé un espaldarazo a España en materia hipotecaria.

Así lo sostiene el portavoz de Adicae, Fernando Herrero, que ha calificado la decisión de "extraña y anómala", si bien ha matizado que no cierra la batalla judicial ni la posibilidad de que los hipotecados reclamen la totalidad de los gastos.

Y es que, ha apuntado, el Tribunal Supremo ya declaró nula una cláusula abusiva que atribuía al cliente, sin negociación previa, el pago de todos los gastos inherentes a la firma de una hipoteca.

Herrero ha explicado que, una vez se conozca íntegramente el contenido de la sentencia, lo que ocurrirá en unos días, Adicae impugnará su contenido "en España y en Europa", porque "hay que seguir discutiendo esta decisión".

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Las imágenes de las protestas frente al Supremo

Las imágenes de las protestas frente al Supremo

Por ello, "no se ha perdido la batalla", ya que todos los que tengan una cláusula declarada nula pueden seguir reclamando; además, ha indicado que ahora será la sala de lo Civil la que se tenga que pronunciar, "y veremos también lo que dice Europa".

Facua ha afirmado que el Supremo no les ha sorprendido, pero remite al triunfo de los afectados por la comercialización de cláusulas suelo abusivas a los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció en diciembre de 2016 la total retroactividad y su derecho a percibir las cantidades abonadas de más desde la firma del contrato.

También ha lamentado el "bochorno" la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha pedido la inmediata dimisión del presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo, por su "gestión pésima" en una decisión "sin precedentes" que, aseguran, va en contra de la jurisprudencia del propio tribunal y que socava los cimientos de la justicia en España.

Sobre la polémica se han pronunciado además despachos de abogados como Navas & Cusí, que aunque "acata" el resultado de la votación, que ha finalizado con 15 votos a favor y 13 en contra, no lo comparte, pues "el interesado en la garantía hipotecaria" es la banca, la cual ha sido "invitada de piedra" en este problema "generado por los legisladores".

Al respecto, lamenta que "todo este embrollo", iniciado a partir de que se sometiera a revisión la modificación del criterio sobre el sujeto pasivo de esta tasa apenas 24 horas después de trascender, sólo ha servido para debilitar la imagen pública de la justicia.

En la misma línea se expresa la socia fundadora de Pelegrí Abogados, Amor Pelegrí, que en declaraciones a Efe reprocha que esta "barbaridad jurídica", la cual "no es conforme a derecho y va en contra de los consumidores", marque un "momento histórico en sentido muy negativo"; no obstante, entiende que Europa aún puede obligar al Supremo a volver a rectificar.

"Gana la banca y pierde la ciudadanía y la confianza en la justicia", sentencia el abogado de Sanahuja Miranda, Fernando Sanahuja, que manifiesta su "estupefacción" ante un "súbito cambio radical" que "como letrado resulta difícil de explicar jurídicamente".

Por su parte, UGT ha afeado, en una nota de prensa, un fallo que "genera incertidumbre" y supone un retroceso "en la consideración social de la vivienda como un valor social", reforzando "el carácter especulativo de un bien que debería tener una consideración social".

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) ha solicitado la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y del de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, Luis María Díez-Picazo, cuyo voto ha sido decisivo.

"Discrepamos del modo que TS ha gestionado el asunto de las hipotecas y por el daño a los ciudadanos y a la justicia. Pedimos la inmediata dimisión de Lesmes y Díaz-Picazo y apelamos al parlamento para que actúe en defensa de los consumidores", ha señalado en Twitter.

Lastra muestra su "sorpresa" y "estupor"

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha avanzado este miércoles que el Gobierno hará modificaciones legales tras el "estupor" que, admite, ha provocado la sentencia del Tribunal Supremo de que sean los clientes quienes paguen el impuesto de hipotecas.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, la vicesecretaria general socialista ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por la "justicia social" y ha avanzado que mañana, en el Consejo de Ministros, "habrá buenas noticias".

"Mañana hay Consejo de Ministros y confío plenamente en sus decisiones", ha apuntado Lastra, quien se ha mostrado "convencida" de que se tomarán decisiones al respecto del fallo. Estas declaraciones llegan en medio del debate sobre si se pueden introduzcan cambios en la ley para que sea la banca la que asuma el pago de este impuesto, aunque Lastra no ha querido concretar ninguna medida.

Podemos llama a una "gran movilización cívica"

Unidos Podemos ha llamado a llevar a cabo una "gran movilización cívica" este sábado a partir de las 18 horas frente a la sede del Tribunal Supremo en protesta por su decisión.

Así lo han confirmado varios dirigentes de la coalición en sus redes sociales, como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, o el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movilizaciones Sociales de Podemos, Rafa Mayoral, este último en una rueda de prensa celebrada en el Congreso.

La formación liderada por Pablo Iglesias ha denunciado que la "independencia" del TS ha quedado en "entredicho" tras acordar la Sala de lo Contencioso-Administrativo corregir a la sección que innovó la doctrina y volver a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias.

"Gana la banca y pierden los ciudadanos. La independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia debilitada", ha escrito el secretario general de Podemos en su cuenta personal de Twitter. Así, ha llamado a convertir "la vergüenza y la rabia" ante esta decisión en "una gran movilización cívica para defender los derechos de la mayoría frente a los privilegios de una minoría".

Garzón también ha lamentado esta decisión judicial y ha enfatizado que se trata de un fallo "indignante", "lamentable" y "un despropósito impropio de una democracia".

"¡Qué bien le sale a la banca chantajear al poder judicial! ¡Qué bien relacionados algunos jueces del Supremo, que hacen de todo menos justicia!", ha escrito Garzón, quien ha señalado que "los bancos privados son unos ladrones, el principal enemigo de las democracias y los responsables de saquear nuestras economías".

"Hoy, la mayoría del Tribunal Supremo se sitúa de su lado, ratificando que la justicia tiene un precio y que el sistema está podrido y agotado", ha denunciado el líder de IU, quien se ha preguntado que se podría esperar "de una institución, el Tribunal Supremo, que está presidida por un ex alto cargo del gobierno de Aznar". "¿Qué esperar de una "Justicia" que es dura con el pobre y mansa y vendida con el rico?", ha indicado en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter.

Rivera: "Es incomprensible"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que es "incomprensible" la rectificación del Tribunal Supremo ante la nueva sentencia que ahora obliga al cliente a pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la hipoteca y ha pedido al Gobierno una regulación clara.

"Incomprensible. No se puede someter a esta incertidumbre a millones de familias y ofrecer este espectáculo. El poder legislativo tiene que buscar soluciones para garantizar los derechos de los ciudadanos y que no vuelva a ocurrir algo así en el futuro", ha señalado Rivera en su cuenta de Twitter.

Egea: "El consumidor no tiene por qué ser el que pague"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, considera que "el consumidor no tiene por qué ser el que pague" el Impuesto de actos jurídicos documentados.

"Los españoles necesitan certidumbre y que quede claro que el consumidor no tiene por qué ser el que pague el impuesto AJD (actos jurídicos documentados)", ha manifestado García Egea.

Los sindicatos se suman a las protestas

Los sindicatos UGT y CCOO han decidido hoy sumarse a las concentraciones convocadas ante el Tribunal Supremo el próximo sábado a las 18:00 horas y han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que "expresen su indignación" por la decisión sobre el impuesto de las hipotecas.

En un comunicado, ambas organizaciones sindicales han animado a que también se realicen movilizaciones ante las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia por la decisión de que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca.

De esta forma, los sindicatos se suman al llamamiento de Unidos Podemos e Izquierda Unida a la movilización ante las puertas del Tribunal Supremo.

Los sindicatos han considerado "indispensable" exigir responsabilidades a quien ha tomado la decisión de reconsiderar la sentencia, ya que se ha puesto en cuestión la independencia del Poder Judicial.