¿Qué les parece el cambio que ha introducido el Gobierno para que paguen los bancos el impuesto hipotecario?
Nosotros lo valoramos positivamente porque aclara el artículo 29 de la ley y de acuerdo con la interpretación que hizo el Supremo hace poco más de dos semanas. Creemos que la sentencia que ahora ha quedado sin efecto estaba muy fundamentada desde el punto de vista técnico. Esa justificación era difícilmente refutable. Creemos que el anuncio del Gobierno es un paso positivo.
¿Por qué entienden ustedes que debe pagar la banca?
De acuerdo cómo estaba redactado el artículo 29, entendemos que es la interpretación correcta. Nosotros consideramos que desde el punto de vista técnico tributario es más ajustado el criterio del Supremo de hace dos semanas.
¿Se esperaban el cambio del Supremo?
Ha sido algo sorprendente. Se daba casi por hecho que no se iba a modificar. Incluso el presidente del Tribunal Supremo hizo unas declaraciones en ese sentido. Esto no tiene precedentes. Ha sido una jurisprudencia que ha durado poco más de dos semanas. Es inédito y negativo para la imagen del Tribunal Supremo y para el poder judicial.
¿A qué achacan ese cambio?
Las palabras del presidente de la sala, Luis Díez-Picazo, cuando señaló que en aras de la repercusión económica y social que tenía se iba a estudiar por el pleno las siguientes resoluciones, parece que indican motivos extrajudiciales. El Tribunal Supremo no ha quedado en buen lugar a la vista de estos vaivenes.
¿Han tenido que ver las presiones de los bancos?
Bueno, esto es difícil de valorar. Lo cierto es que nos parece una posición errónea por parte del presidente de la sala. Varias asociaciones de jueces destacaron que era algo inédito. Además, después de haber firmado el presidente de la sala la admisión de los recursos parece extraño que no se hubiera adoptado la decisión en ese momento.
¿Cómo está la situación en Europa?
En Europa la situación es variable. En algunos países no existe un impuesto similar y en otros, quizá mayoritariamente, los impuestos de este tipo los paga el cliente. Desde luego, en lo que se refiere a la legislación española era un artículo que podía dar lugar a distintas interpretaciones, aunque nosotros entendemos que la correcta era la que puso de manifiesto la sala el 18 de octubre.
Pablo Casado ha anunciado que él eliminará ese impuesto. ¿Es factible?
Tenemos un problema de recaudación que se pone en evidencia con los datos de Eurostat. Seguimos por debajo de la media de recaudación (de presión fiscal) de los países la Unión Europea. Son entre seis y siete puntos en función de si consideramos la Unión Europea a 28 o la zona euro. Estamos recaudando cerca de 70.000 millones menos de lo que deberíamos para estar en esa media. No parece que sea el momento de bajar impuestos ni de renunciar al de las hipotecas, que está cedido y con el que las comunidades autónomas obtienen recursos. Si se elimina, habría que compensarlo con subidas en otros impuestos.
Bueno, Casado también ha propuesto acabar con los impuestos de sucesiones, trasmisiones y patrimonio.
Sí, la verdad es que el giro en esta materia que está adoptando el Partido Popular en esta nueva etapa no se corresponde con lo que hacía. Se ha posicionado en contra del impuesto a las transacciones financieras o a las empresas digitales cuando el anterior Gobierno andaba en esa línea. Hay que recordar que en 2012, cuando llega el PP al Gobierno, se produce la mayor subida de impuestos de la historia como consecuencia de la necesidad de ese momento.
Por lo que dice, con independencia
Seguramente. Hablar de subidas y bajadas es algo que habría que matizar. Nosotros entendemos que es necesario una gran reforma fiscal. Una reforma completa. El sistema está lleno de agujeros. Desde finales de los años setenta, cuando se establecieron los principales impuestos, se ha ido parcheando. En este momento, entendemos que no cumplen con los principios que establece el artículo 31.1 de la Constitución. Están faltos de equidad. El sistema en su conjunto ha perdido la progresividad que debería de tener. Por otro lado, parece evidente la falta de suficiencia del sistema para recaudar lo necesario para mantener los gastos sociales y el estado del bienestar que establece la Constitución.
A grandes rasgos, ¿cómo debería ser el sistema?
Nosotros plantemos la necesidad de un gran acuerdo de Estado. Primero hay que acordar cuál es la dimensión que debería tener el Estado. A la vista de esa dimensión, debemos tener un sistema que recaude lo suficiente para mantener la sanidad, la educación y las prestaciones sociales. A partir de ahí, dotar de suficiencia al sistema y de mayor equidad. De manera que luchando contra el fraude de manera efectiva se taponen los agujeros que en estos momentos plantean una sangría importante en el sistema. Tenemos un problema de recaudación, de fraude y de equidad del sistema.
