El Gobierno aprobará hoy un decreto ley con el que modificará el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (el de las hipotecas) con el objetivo de que «nunca más» tengan que pagarlo los consumidores sino que lo abonen los bancos. La medida no tendrá carácter retroactivo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó el anuncio pocas horas después de que el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo decidiera en un duro debate y por quince votos contra trece que la tasa debía asumirla el cliente y no la banca en contra de lo dictado en tres sentencias de mediados de octubre. Además, el presidente informó de que llevará al Congreso la creación de una «autoridad independiente de protección de clientes financieros», un órgano para proteger a los ciudadanos de abusos y conflictos del sistema financiero.
Pedro Sánchez cargó con dureza contra el Alto Tribunal y le pidió que haga «autocrítica» sobre su credibilidad. «Creo que el Tribunal Supremo tiene que hacer una reflexión sobre el debate que se ha suscitado sobre su credibilidad. Tienen que reflexionar sobre estas dos semanas. Respeto la independencia del poder judicial, pero ningún poder está fuera de la crítica. Creo que el poder judicial debe hacer autocrítica de lo que ha pasado», sentenció.
Pedro Sánchez anunció el cambio legal pocos minutos después de que el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, hubiera instado al legislativo a reformar la ley hipotecaria, a la que achacó falta de claridad. Lesmes había defendido la libertad e independencia de criterio de los magistrados del Supremo y había señalado al Ejecutivo la «magnífica oportunidad» para clarificar quién es el sujeto pasivo en un contrato hipotecario.
El presidente del Gobierno aclaró que no se trata de eliminar el impuesto, ya que al tratarse de un gravamen transferido a las comunidades autónomas son éstas las que deben abordarlo, sino que su intención es atribuir los actos jurídicos documentados al sector bancario.
El decreto anunciado es independiente de la tramitación de la ley hipotecaria en el Congreso de los Diputados, redactada por el PP y que será tramitada por el actual Ejecutivo, de acuerdo con la directiva europea y para ampliar la protección de los usuarios.
La voluntad del Gobierno, explicó Sánchez, es garantizar la seguridad jurídica «en pos de la ciudadanía», motivo por el que destacó su compromiso por «garantizar un escenario previsible y estable del interés de todos los operadores implicados».
Tras una reunión con la vicepresidenta Carmen Calvo y los ministros de Economía, Nadia Calviño, Hacienda, María Jesús Montero, y Fomento, José Luis Ábalos, Sánchez apuntó que tras hablar el poder judicial ahora lo va a hacer el ejecutivo. Si bien Moncloa «respeta la labor y la independencia» de la magistratura, lamenta la situación generada por la rectificación del Supremo, al no ser positiva ni para la banca ni para los jueces ni para los ciudadanos.
Una treintena de sentencias
Tras la primer sentencia del Tribunal Supremo, los jueces valencianos han fallado una treintena de veces a favor de los clientes al aplicar la doctrina que en ese momento estaba en vigor. La mayoría de los asuntos son de Alicante. Un juez de València también asumió el criterio a favor de los clientes e incluso aplicó la retroactividad. El juzgado especializado de València decidió paralizar los procedimientos ante la situación caótica generada por el Supremo y ayer decidió retomarlos con el nuevo criterio. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ha convocado una concentración mañana a las 19.00 horas frente al TSJ para protestar contra la sentencia del Supremo.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, defendió que ante el deterioro de la imagen de la justicia por la sentencia del Tribunal Supremo, es necesario que los poderes públicos se unan y busquen «las fórmulas para que la ciudadanía no se sienta desamparada ante conflictos con entidades financieras, que siempre tienen una cierta prepotencia».
La también exportavoz del Consejo General del Poder Judicial mostró su respeto absoluto por el Tribunal Supremo y pidió «no generalizar ni demonizar» esta institución, cúspide del sistema judicial español, a pesar de «lo mal que se ha gestionado toda la crisis».
El líder del PP, Pablo Casado, solicitó a Pedro Sánchez, la supresión del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) porque es «posible». El presidente del PP indicó que Sánchez «no debe engañar» a los españoles. «Sabemos que si dicen que ese impuesto lo paga la banca, la banca lo va a repercutir en el coste de suscribir una hipoteca», subrayó.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, indicó que las medidas del Gobierno no son suficientes y reclamó que se devuelva el dinero a las familias.
