La ajustada decisión del Tribunal Supremo (TS) de corregir su doctrina y cargar a los clientes el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD)decisión del Tribunal Supremo (TS), derivado de la constitución de garantías hipotecarias, provocará que los valencianos no puedan recuperar 340 millones de euros correspondientes a los créditos suscritos desde 2014. Esa cantidad es la que tendría que devolver la Generalitat Valenciana a los que firmaron una hipoteca,

Según los cálculos de Tributos de la Generalitat, hay registradas 154.235 autoliquidaciones desde octubre de 2014 por un importe de 340 millones. Finalmente, el escenario de retroactividad fiscal no ha sido reconocido por el Alto Tribunal y la Generalitat ya no tendrá que devolver ese dinero a los valencianos que constituyeron garantías hipotecarias con préstamos bancarios, aunque estas candidades luego se habrían reclamado a los bancos en caso de que el fallo hubiera sido otro.

En 2014 se registraron 5.559 autoliquidaciones, con un total de 12,6 millones. En 2015 fueron 35.812 autoliquidaciones, lo que representaba 76,2 millones. En el año 2016 se suscribieron 37.935 por 83 millones, mientras en 2017 fueron 37.969 con un impacto de 83,6 millones. Y en lo que se lleva de este ejercicio 2018 han sido 36.960 autoliquidaciones con 84,1 millones, según los datos que maneja el área de Hacienda de la Generalitat.

El TS acordó ayer que sea el cliente quien abone este impuesto vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que daba un paso atrás en la reciente doctrina de hace apenas tres semanas, que en otro fallo imponía a la banca el pago de este gravamen. Una situación que ha generado una oleada de críticas de los clientes. Los consumidores han calificado de "bochornosa" la sentencia.

Gestha calcula un ahorro de 361 millones

Por otro lado, según Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), los hipotecados de la Comunitat Valenciana se ahorrarán 361 millones de euros con el cambio legal anunciado este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que sean los bancos quienes se hagan cargo del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), a raíz de la decisión del Tribunal Supremo (TS) de que los clientes paguen este gravamen correspondiente a la escritura pública de los préstamos hipotecarios. Gestha estima el ahorro en 361 millones de euros para un total de 163.490 autoliquidaciones correspondientes a 49.077 hipotecas anuales. El importe medio por hipoteca rondaría los 2.330 euros, según este cálculo.

En el conjunto de España, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que 458.000 nuevos hipotecados se ahorrarán cada año más de 1.100 millones de euros, a una media de 2.500 euros de AJD por hipoteca. De esta manera, los técnicos ven "positivo" que el Gobierno haya aclarado la norma, en el sentido apuntado por las sentencias cuestionadas por el Supremo.

Los técnicos señalan que el Pleno del Supremo "salva a la banca" del pago del impuesto en los últimos cuatro años porque cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva dentro de unos años habrá prescrito la posibilidad de obtener la devolución, salvo para las personas que hayan recurrido.

Gestha ha lamentado que el Supremo haya "frustrado" las expectativas de 1,5 millones de contribuyentes. Tras el pronunciamiento del Pleno del Supremo, las comunidades autónomas no podrán atender las solicitudes de rectificación de la autoliquidación del AJD y devolución del ingreso indebido. En detalle, calcula un impacto del AJD de los últimos cuatro años de 3.630 millones de euros en toda España, con un total de 1,45 millones de deudores.

Los técnicos de Gestha consideran que desde el punto de vista técnico-tributario las sentencias del Tribunal Supremo estaban "muy fundamentadas" cuando señalaban a las entidades financieras como obligadas al pago de este tributo, y destacan lo "inédito" que resulta una jurisprudencia que ha durado poco más de dos semanas, lo que genera "una crisis de credibilidad en la Justicia española sin precedentes".

Asimismo, Gestha ha recordado que "nunca se ha discutido" que el hecho imponible del AJD en los préstamos hipotecarios es la constitución de la garantía hipotecaria, cuya escritura insta la entidad en su interés, y la ley estatal vigente establece que el obligado al pago es el interesado en la expedición de la escritura y, "por tanto, debe ser el banco quien pague".

De forma paralela, los técnicos opinan que el fallo del Alto Tribunal, después del cambio de criterio y la división de opiniones de los magistrados, "genera inseguridad jurídica y agrava el descrédito de algunas instituciones públicas, lo que en última instancia podría traducirse en una desconfianza de los ciudadanos en torno a la independencia del poder judicial".

Los técnicos han defendido que la banca tiene "músculo suficiente" para asumir el pago anual del impuesto de las hipotecas, cuyo importe estimado apenas representa el 8,7 por ciento de los beneficios del sector en solo los primeros nueve meses del año, donde lograron un beneficio neto de 13.229 millones, un 13 por ciento más que en el mismo período de 2017.

Finalmente, Gestha ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que vigile a la banca para que las entidades no acuerden repercutir a los clientes el pago del AJD, después de que el presidente del Gobierno haya apelado a la responsabilidad del sector para que no encarezcan las hipotecas