El pleno de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo fue ayer incapaz de llegar a un acuerdo sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas. La sala estuvo reunida desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde para tomar la decisión definitiva sobre el abono del impuesto y si tiene efectos retroactivos después de que el pasado 19 de octubre su presidente, Luis Díez-Picazo, optara por someter a revisión el criterio establecido un día antes de que fuera el banco, y no el cliente, el que lo pague.
El pleno está formado finalmente por 28 de los 31 magistrados convocados. De los tres ausentes, uno se excusó por encontrarse de viaje, otro por presidir la Junta Electoral Central de Andalucía y un tercero alegó motivos personales por poseer su familia una vivienda en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid, ayuntamiento afectado por el fallo. Los jueces están analizando tres recursos sobre la misma materia y con los mismos litigantes (la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, Hacienda y la Comunidad de Madrid).
Ayer intervinieron 9 de los 28 magistrados reunidos, dos de los cuales son los ponentes asignados a los recursos. Los magistrados no mostraron una postura unitaria. Hubo opiniones tanto a favor como en contra de confirmar el giro jurisprudencial. Dos de los que defendieron confirmar la nueva jurisprudencia fueron los dos ponentes de los recursos estudiados, Nicolás Maurani y Francisco José Navarro Sanchís. Sin embargo, otros magistrados que intervinieron abogaron por volver a la situación anterior.
Los magistrados retomarán hoy a partir de las 10.00 horas el análisis de la sentencia que hacía recaer en las entidades financieras el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, pero no especificaba su alcance. La sentencia no precisaba si la banca debe asumir la citada tasa a partir de ahora o, por el contrario, hacerlo también con las hipotecas suscritas en los últimos cuatro años -plazo de prescripción del impuesto- o incluso con aquellas firmadas con anterioridad a esa fecha.
El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) defiende que con la resolución vigente del Supremo tienen derecho a reclamar la devolución del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) todos los hipotecados que hayan firmado su crédito en los últimos cuatro años (que son los ejercicios fiscales que no han prescrito). Con este escenario, en la Comunitat Valenciana pueden exigir el dinero 163.490 familias que abonaron 361 millones. En el caso de que el Supremo apueste por la retroactividad total, el plazo de prescripción se alarga a los últimos quince años, lo que implica que 1.768.666 hipotecados valencianos pueden reclamar 3.145 millones.
El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, avanzó que, en función de la sentencia, el Gobierno estudiará articular «algún tipo de ayuda» a las autonomías para que no les afecte a su situación financiera. Ábalos recordó que este impuesto está transferido a las comunidades autónomas que podrían tener que afrontar la devolución del dinero, si se declara la retroactividad de la doctrina, y si es así habrá que articular «algún tipo de ayuda» para que no les afecte en su situación financiera ya difícil mientras se lo reclaman a la banca. El ministro apuntó que el Gobierno siempre ha defendido a los consumidores, pero «lo ideal» sería conseguir «un equilibrio» entre estos y los bancos dentro de un marco que ofrezca seguridad jurídica.
