La Fiscalía ha pedido 6 años de prisión a José Luis Olivas (ex presidente de Bancaja, Banco de Valencia y la Generalitat) por el desfalco de 750 millones de euros de Bankia y Banco de Valencia (BdV) en México en el caso Grand Coral. La magistrada ha abierto jucio (entre otros) contra el ex presidente del Consell, la alta dirección, el consejo de la caja y los empresarios hoteleros Ferri, Baldó y Poch. Olivas está acusado de un delito de apropiación indebida.El ex jefe del Consell ya tiene una condena de un año y medio por la falsificación junto a Vicente Cotino de una factura para un fraude fiscal y este mes será juzgado por la salida a bolsa de Bankia.

El ministerio público pide para Aurelio Izquierdo (ex director general de la caja) y para Dominho Parra (ex consejero delegado de Banco de Valencia) sendas penas de 12 años de cárcel por los delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales.

La Fiscalía ha formulado acusación contra las 48 personas procesadasa por la juez instructora (Carmen Lamela) a principios de agosto. El fiscal reclama para los hoteleros Juan Ferri, Salvador Baldo y Juan Poch sendas penas de doce años y doce meses por los delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Bankia Habitat, que se ha personado como acusación particular, ha pedido 3 años de cárcel a Olivas por apropiación indebida, sendas penas ed 3 años a Parra e Izquierdo por el mismo delito, y las mismas penas para los hoteleros Ferri, Baldó y Poch.

La juez ha abierto juicio oral a Olivas por un delito continuado de apropiación indebida y otro de administración desleal. La magistrada ha pedido que Olivas, Aurelio Izquierdo, Domingo Parra, Alfonso Monferrer, Juan Ferri, Salvador Baldó, Juan Poch, Fernando Rodríguez del Toral, Luis Candela, Marc Smeet y Danny Henry Kragt presten en el plazo de 24 horas una fianza de 639 millones de euros para garantizar las responsabilidades pecuniarias. Si no lo presentan, decreta el embargo o que acrediten la insolvencia.

El fiscal aprecia indicios de delito en el plan de inversiones inmobiliarias en Baja California y Rivera Maya que las dos entidades financiaron entre 2005 y 2009 con los promotores hoteleros Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch. Los empresarios presuntamente obtuvieron unos beneficios injustificados por comisiones y plusvalías de más de 160 millones de euros, parte de los cuales supuestamente fueron blanqueados en Andorra.

Los préstamos de Grand Coral carecían de racionalidad económica y estaban plagados de irregularidades, según el informe de los peritos nombrados por el Banco de España y «han supuesto un quebranto económico del 100 %» de los 750 millones que destinaron las dos entidades. La juez procesó en total a 48 personas, entre ellos directivos de Bancaja y de Banco de Valencia y empresarios que estaban en los consejos de administración. La juez que instruyó situó en el núcleo duro del presunto desfalco al ex director financiero de Bancaja Aurelio Izquierdo y al ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra y a los empresarios Ferri, Baldó y Poch. Ferri y Baldó proceden de Benidorm (y tiene un procedimiento judicial por un negocio similar con la CAM por el que se enfrentan a 22 años de cárcel) y Poch es un español que se instaló en la Rivera Maya en 1998. La magistrada enfatizó el papel activo de Olivas en esta trama en tanto que no solo conocía sino que alentaba los negocios de los tres hoteleros. Asumeiós al grupo Grand Coral en las operaciones Emerald (Cancún), la adquisición de las fincas Zacatón (Baja California), Piedras Bolas (Los Cabos) y Vinoramas (Baja California Sur), así como la refinanciación de la deuda del grupo. La refinanciación supuso un perjuicio económico de 452,3 millones de euros para Bancaja y de 160 millones de euros para Banco de València.

Entre las operaciones sospechosas, la magistrada resaltó el proyecto Zacatón y Piedras Bolas en el que Ferri, Baldó y Poch supuestamente obtuvieron una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares sufragados por Bancaja y Banco de València, que fueron transferidos a sus cuentas en Andorra en una maniobra que sería constitutiva de blanqueo y en la estarían envueltos tanto Izquierdo como Parra. «En todas (las operaciones) se comprueba que los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron en unos casos y auspiciaron en otros una auténtica operativa de desfalco», aseguró la juez instructora en su auto de procesamiento.