El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha hecho un receso al mediodía antes de continuar, a las 16.30 horas, deliberando sobre si confirma o revoca el giro jurisprudencial dado hace unas semanas por una de las secciones de este tribunal, que falló a favor de que sean los bancos los que asuman el pago del impuesto de actos juridicos documentados-sobre las hipotecas-, que hasta ahora soportaban los clientes.
El objeto de la reunión, convocada tan sólo un día después de conocerse que son los bancos los que deben hacerse cargo del impuesto no es corregir dicha doctrina, sino revisar, matizar y analizar sus consecuencias y su alcance.
Es decir, si efectivamente han de ser las entidades las que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, y desde cuándo. La cuestión no es baladí, ya que dado que el impuesto prescribe a los cuatro años, podrían reclamar todos aquellos que hayan suscrito un préstamo hipotecario en ese plazo.
Sentencia sobre el impuesto de las hipotecas
La agencia de medición de riesgos Moody's cree que lo más probable es que la banca acabe pagando sólo a partir de ahora el impuesto por la firma de hipotecas, pero en caso de que la retroactividad se ampliara hasta cuatro años, la factura ascendería a 2.300 millones de euros. Esta sería la cantidad que podrían a llegar a recuperar centenares de miles de familias en función de la decisión final que adopte el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
De momento, y sólo en caída de la cotización bursátil, los bancos han sufrido ya un descalabro de más de 5.000 millones de euros.
Mientras, la banca espera con cautela la decisión del Tribunal Supremo. Los consejeros delegados de los bancos y la patronal bancaria coinciden en que no se contempla la posiblidad de la retroactividad, ya que "las entidades actuaron de acuerdo a la ley" y es "cuestión de seguridad jurídica.
A pesar de ello, algunos juristas opinan que al tratarse de una sentencia de "nulidad absoluta de pleno derecho" por la abusividad, su acción no prescribe, según apunta el director del bufete Arriaga Asociados, Jesús María Ruiz de Arriaga.
Por lo tanto, se plantean diversos escenarios. Por un lado, el Tribunal Supremo podría tomar una decisión contradictoria y revocar la jurisprudencia del 18 de octubre por la que se determinó que no es el prestatario el sujeto pasivo del impuesto en las escrituras y no aplicarlo a la doctrina.
Este primer supuesto,daría la razón a los bancos e impediría cualquier tipo de reclamación ya que los clientes se seguirían haciendo cargo del AJD, como hasta ahora, con un coste medio de unos 2.500 euros.
En el lado contrario, los integrantes de la Sala Contencioso-Adminstrativa podrían mantener la última sentencia y aplicar la doctrina del Tribunal Supremo de que sean los bancos y no los clientes quienes se hagan cargo del pago del AJD en la inscripción de las escrituras.
En este sentido, se satisfacerían las reclamaciones de la patronal bancaria que ha argumentado que en el caso de que la nueva sentencia anule la norma vigente hasta la fecha, se respete la seguridad jurídica y no se aplique retroactividad.
En caso de que no hubiera retroactividad, los bancos deberían hacerse cargo del AJD a partir de la fecha de la sentencia, por lo que aquellos que formalizaran sus escrituras antes del 18 de octubre de 2018 no podrían reclamar la devolución.
Sin embargo, se baraja la opción de que el Supremo apueste por una retroactividad limitada, solo aquellos que pagaron el impuesto desde octubre de 2014 -en torno a 1,5 millones de contribuyentes según Gestha- podrían reclamar su devolución a la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma.
En este supuesto, al tratarse de un pago indebido y al no haber prescrito, las comunidades autónomas devolverían automáticamente el importe pagado, y lo harían sin coste para sus arcas, ya que lo cargarían directamente a los bancos. En este caso, el coste para los bancos podría ascender a unos 3.631 millones de euros, a lo que habría que añadir los intereses de demora, según Gestha.
En tercer lugar, el peor escenario para la banca sería la ratificación de que los bancos deben pagar el AJD sin límite de retroactividad. Esto sería un duro golpe para el sector financiero, ya que permitiría reclamar a Hacienda a aquellos que firmaron en los últimos cuatro años, y daría la opción al resto de acudir a los tribunales para reclamárselo a los bancos sin plazo, mediante la acción de nulidad.
En este escenario, al menos los ocho millones de españoles que tienen una hipoteca activa en la actualidad podrían reclamar a los bancos estos costes y pleitar por su devolución en los juzgados especializados. Sin embargo, lo habitual es que solo reclamen entre "un 10% y un 20% de los afectados", según la Asociación de Usuarios Financieros, Asufin.
Una última opción sería que el conflicto se alargue ante la discrepancia de la Sala Civil y Contenciosa, por lo que el asunto acabaría en la Sala de Conflictos de Jurisdicción o llegaría incluso al Tribunal de Justicia europeo.
Más de 8.000 operaciones hipotecarias paralizadas
A la espera de una decisión final, la Federación de Asociaciones de Agencias Inmobiliarias (FAI) estima que en estos momentos hay más de 8.000 operaciones hipotecarias paralizadas en toda España.
"La incertidumbre generada ha supuesto que la banca haya aplazado muchas de las firmas de hipotecas comprometidas para los próximos días, más de un tercio de las previstas", según la presidenta de la organización, Nora García Donet.
La federación ha alertado de las consecuencias generadas por los estos aplazamientos y ha reclamado a las entidades que actúen "con responsabilidad" ante su clientela, ya que, "pueden llegar a incurrir en incumplimientos de los contratos de arras ya firmados por culpa de los retrasos en las firmas de préstamos hipotecarios".
Los aplazamientos de firmas por parte de la banca puede provocar que muchos compradores se encuentren en "una situación de incumplimiento del plazo en los contratos de arras privados que tienen suscritos para comprar su vivienda".
"Algunos compradores podrían perder las cantidades entregadas en concepto de arras penitenciales si los bancos no reaccionan a tiempo", advierte la FAI.
Esta federación, constituida en marzo de 2013, está integrada por un total de veinte asociaciones inmobiliarias de ámbito autonómico o local de toda España. En la actualidad, agrupa a más de 850 agencias inmobiliarias y 3.730 profesionales.
