La Audiencia Nacional ha dado 24 horas de plazo a José Luis Olivas y a los otros 47 acusados por el desfalco de 750 millones de Bancaja y Banco de Valencia (BdV) en México para que depositen 1.437 millones de euros de fianza. El magistrado del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, ha decretado la apertura de juicio oral contra Olivas (ex presidente de Bancaja, BdV y la Generalitat); los exdirectivos Aurelio Izquierdo y Domingo Parra; los hoteleros Juan Vicente Ferri y José Baldo; y el resto de la alta dirección y el consejo de la caja procesados por el caso Grand Coral. La Fiscalía solicita que Olivas sea condenado a seis años de cárcel y al pago de una multa de 18.720 euros por un delito de apropiación indebida. El ex jefe del Consell ya tiene una condena de un año y medio por la falsificación junto a Vicente Cotino de una factura para un fraude fiscal y este mes será juzgado por la salida a bolsa de Bankia.
El ministerio público pide para Aurelio Izquierdo (ex director general de la caja) y para Domingo Parra (ex consejero delegado de Banco de Valencia) sendas penas de 12 años de cárcel y sendas multas de 88 millones de euros por los delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales. La Fiscalía ha formulado acusación contra las 48 personas procesadas por la juez instructora (Carmen Lamela) a principios de agosto. El fiscal solicita para los hoteleros Juan Ferri, Salvador Baldó y Juan Poch sendas penas de doce años y doce meses de multa a una cuota diaria de 50 euros por los delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales y sendas multas de 88 millones.
El juez ha abierto juicio oral a Olivas por un delito continuado de apropiación indebida y otro de administración desleal. El magistrado ha pedido que Olivas, Aurelio Izquierdo, Domingo Parra, Alfonso Monferrer, Juan Ferri, Salvador Baldó, Juan Poch, Fernando Rodríguez del Toral, Luis Candela, Marc Smeet y Danny Henry Kragt presten en el plazo de 24 horas una fianza de 639 millones de euros para garantizar las responsabilidades pecuniarias. Si no lo presentan, decreta el embargo o que acrediten su insolvencia.
En el caso de los directivos José Cortina Orrios y Rafael Tomás Codoñer Seguí, el juez les requiere igualmente un importe de 406.160.000 euros, mientras que para el resto de acusados -otras 35 personas- se fija una fianza en los mismos términos por una cantidad de 392.360.000 euros.
El fiscal aprecia indicios de delito en el plan de inversiones inmobiliarias en Baja California y Rivera Maya que las dos entidades financiaron entre 2005 y 2009 con los promotores hoteleros Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch. Los empresarios presuntamente obtuvieron unos beneficios injustificados por comisiones y plusvalías de más de 160 millones de euros, parte de los cuales supuestamente fueron blanqueados en Andorra.
Los préstamos de Grand Coral carecían de racionalidad económica y estaban plagados de irregularidades, según el informe de los peritos nombrados por el Banco de España y «han supuesto un quebranto económico del 100 %» de los 750 millones que destinaron las dos entidades.
Carmen Lamela procesó a directivos de Bancaja y de Banco de Valencia y a empresarios que estaban en los consejos de administración. La magistrada instructora situó en el núcleo duro del presunto desfalco al ex director financiero de Bancaja Aurelio Izquierdo y al ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra y a los empresarios Ferri, Baldó y Poch.
Empresarios de Benidorm
Ferri y Baldó proceden de Benidorm (y tiene un procedimiento judicial por un negocio similar con la CAM por el que se enfrentan a 22 años de cárcel) y Poch es un español que se instaló en la Rivera Maya en 1998. La magistrada enfatizó el papel activo de Olivas en esta trama en tanto que no solo conocía sino que alentaba los negocios de los tres hoteleros.
El fiscal ha acusado a los integrantes del consejo de administración que votaron a favor de los acuerdos relativos al grupo Grand Coral en las operaciones Emerald (Cancún), la adquisición de las fincas Zacatón (Baja California), Piedras Bolas (Los Cabos) y Vinoramas (Baja California Sur), así como la refinanciación de la deuda del grupo. La refinanciación supuso un perjuicio económico de 452,3 millones de euros para Bancaja y de 160 millones de euros para BdV.
