El Gobierno alarmó ayer al sector del automóvil. La matriculación y venta de todos los vehículos ligeros que emiten de forma directa dióxido de carbono (los diésel, gasolina, híbridos o los propulsados por gas) estará prohibida en España a partir del año 2040. Así se recogerá en la futura ley de cambio climático y transición energética que prepara el Gobierno, y que establecerá también que el sistema eléctrico español se deberá basar exclusivamente en fuentes renovables en el año 2050, según informaron ayer fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

Para conseguir la plena descarbonización de la economía española en la segunda mitad del siglo XXI, el Ejecutivo ha calculado que será necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050 al menos en un 90 por ciento con respecto a los niveles de 1990.

Dos referencias temporales

La ley se fija dos referencias temporales para reducir esas emisiones, para introducir energías renovables y para ser más eficientes en el uso de la energía: los años 2030 y 2050. Así, en 2030 el Ejecutivo quiere que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan un 20 por ciento respecto a 1990, que el sistema eléctrico cuente con un 70 por ciento de generación a partir de energías de origen renovable y mejorar la eficiencia energética.

Para 2050 las emisiones de gases invernadero se deberían reducir un 90 por ciento respecto a los niveles de 1990 y el sistema eléctrico se debería basar exclusivamente en fuentes renovables.

Situación en otros países

La propuesta del Gobierno, según han explicado fuentes del Ministerio, es similar a la del Reino Unido, que ha anunciado que prohibirá la venta de coches diésel y gasolina en 2040 y que en el año 2050 ya no podrán circular. Francia también ha anunciado que prohibirá la venta de coches de combustión en 2040, según la misma fuente, que ha precisado que Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda pretenden lograrlo en 2030 y Noruega en 2025.

Pero la propuesta del Gobierno cuenta con un fuerte rechazo de las fábricas del sector. La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), entre las que se encuentra Ford Almussafes, ha rechazado «de plano» y ha calificado de «excesiva» la intención del Gobierno.

Esta patronal sostiene que esta medida supone, en la práctica, ir en contra del principio de neutralidad tecnológica defendido al máximo por la Unión Europea.

Vehículos alternativos

«La industria está totalmente comprometida con la descarbonización del parque automovilístico» subrayó el vicepresidente ejecutivo de la asociación, Mario Armero, al tiempo que indicó que la transición hacia una movilidad de cero y bajas emisiones tiene que ser «ordenada, justa y rentable, desde el punto de vista social y económico». Y destacó que el proyecto de Ley tiene implicaciones económicas, laborales y sociales.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, transmitió ayer un mensaje de «tranquilidad» al sector de la automoción y a los consumidores porque la futura ley de cambio climático y transición energética que prepara el Gobierno está «en línea con lo que están haciendo otros países» como Francia.

Por su parte, Toyota España aplaude la visión a largo plazo del Gobierno de coche ecológico.