23 de noviembre de 2018
23.11.2018

Un juez de la Audiencia advierte de la "clara indefensión" de los consejeros de Bancaja

La Sección Cuarta de la sala de lo Penal está dividida por la mitad y según cuál sea la mayoría de dos a uno mantiene (en 15 casos) o retira (en ocho) la imputación de los ex vocales que aprobaron la operación Grand Coral en México

22.11.2018 | 21:37
Sede central de la antigua Bancaja en València.

La sala que está resolviendo los recursos de los ex consejeros de Bancaja que aprobaron los créditos millonarios en México en el caso Grand Coral está dividida por la mitad. Dos de los cuatro magistrados están votando sistemáticamente a favor de la desimputación de los vocales al entender que no hay indicios suficientes contra ellos y los otros dos, en contra. Un quinto magistrado que está participando en las deliberaciones (el conservador Enrique López) se ha alineado con la tesis de que no está probado el delito y en un voto particular ha advertido de que se ha producido «una clara indefensión». Esta disparidad de criterios explica que 8 exvocales hayan sido exculpados y 14 continúen procesados –quince si se añade al expresidente de la entidad, José Luis Olivas– a pesar de tener el mismo grado de implicación (votar en el consejo a favor de la concesión de los créditos como proponían el comité de riesgo y los técnicos).

La sala de lo Penal que está resolviendo los recursos contra la imputación de los procesados por el desfalco de 750 millones de euros en México de Bancaja y Banco de Valencia es la Sección Cuarta. El órgano de apelación está compuesto por Ángela María Murillo Bordallo (que es la presidenta), Juan Francisco Martel Rivero, María Teresa Palacios y Carmen Paloma González. Además, actúa como refuerzo Enrique López (ex magistrado del Constitucional que ahora está en la sala de apelaciones de la Audiencia). De las resoluciones que están adoptando, se desprende que Murillo y Martel votan a favor de mantener la imputación, y Palacios y González, en contra.

El primer auto de la Audiencia Nacional (notificado la semana pasada) dejó fuera a los exconsejeros Manuel Escámez y Vicente Montesinos porque no se ha acreditado su relación con los principales acusados (los hoteleros Ferri, Baldó y Poch) ni que tuvieran más información de la aportada por los técnicos y el comité de riesgos. Después fue desimputada bajo el mismo criterio María del Rocío Péramo Sánchez. Y en otra providencia conocida el miércoles por la tarde han sido sacados de la causa Josep Maria Cataluña, Ángel Álvarez, Eduard Montesinos, Francisco Villena y Remigio Pellicer.

En otros autos, por contra, se confirmó la imputación de otros catorce exconsejeros al entender que sí que estaba acreditada su supuesta implicación y que, en todo caso, el asunto debía dirimirse en el juicio oral. Un ejemplo es el mantenimiento de la imputación del sindicalista de CC OO Ernesto Pascual Escandell, que es uno de los casos que cuentan con el voto particular de Enrique López, que también figura en el de el ex alto directivo de la caja Arturo Alario. Los magistrados Ángela María Murillo y Juan Francisco Martel entienden que el «resultado de las investigación policial y judicial ha logrado convertir las sospechas y conjeturas iniciales en verdaderos y precisos indicios racionales de criminalidad, que se confirmará o no» en el juicio.

El auto incide en que Ernesto Pascual ni se opuso ni cuestionó en el consejo los créditos de México ni efectuó «una mínima labor de control de tales propuestas a pesar de su condición de consejero y de las cifras millonarias que se manejaban». Los magistrados subrayan que aunque las operaciones vinieran avaladas por el informe favorable de los expertos y responsables del comité de riesgos «resulta precipitado sostener que ello convierte en neutros y carentes de efectos penales los actos del recurrente».

Por contra, el juez Enrique López cree que para que el ex consejero sea imputado debe tener «pleno conocimiento del carácter dañino del acuerdo adoptado». El magistrado insiste en su voto particular en que «se ha producido una clara indefensión» porque no se han descrito en el procesamiento «una descripción de los hechos imputados al investigado, viéndose notablemente limitado, sino impedido, su derecho de defensa». Por ello, el juez cree que el instructor debe describir los hechos delictivos y establecer qué delito suponen, o sobreseer la imputación de Pascual.

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