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Menos reclamaciones por el pago de impuestos

El número de asuntos ingresados en el Tribunal Económico-Administrativo de la Comunitat Valenciana desciende por segundo año consecutivo tras duplicarse durante la crisis

El Tribunal Ecónomico-Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana, el organismo al que pueden recurrir los contribuyentes que no estén de acuerdo con la liquidación de algún impuesto antes de acudir a los juzgados ordinarios, recibió el año pasado 27.082 reclamaciones en el conjunto de la autonomía, de las que 8.724 se interpusieron en Alicante, según consta en la memoria de este organismo. Unas cifras que suponen un descenso sobre el año anterior del 8,5% y del 5,1%, respectivamente, y que consolidan el cambio de tendencia que se inició en 2016, después de que el número de asuntos que ingresaban anualmente en este tribunal se disparara año tras año durante la crisis, hasta duplicarse.

Dos fueron, principalmente, los motivos que provocaron semejante avalancha. Por un lado, la multitud de reclamaciones que ocasionó el sistema para el cálculo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que recauda la Generalitat y que grava con un 10% las compraventas de pisos de segunda mano. El problema es que ese 10% no se fijaba sobre el precio de la escritura, sino en base a estimaciones en función del valor catastral, que no recoge las fluctuaciones del precio de la vivienda. Así, al estallar la crisis muchos compradores se encontraron con que el Consell les exigía cantidades muy superiores al 10% de lo que habían pagado por su casa. De esta forma, sólo en 2015 llegaron a presentarse casi 16.000 reclamaciones por este motivo.

En el último año, sin embargo, el número de asuntos ingresados en el TEAR por este tributo disminuyó drásticamente, hasta los 3.828, después de que la Generalitat modificara el método de cálculo a raíz de diversas sentencias judiciales.

Por otro lado, el segundo motivo del espectacular incremento de las reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo fue el aumento de la presión por parte de las distintas administraciones y, en especial, de la Agencia Tributaria para combatir el fraude, ante la imperiosa necesidad de elevar la recaudación para llenar las maltrechas arcas públicas. Esto se tradujo en un incremento de las declaraciones paralelas y de las revisiones de liquidaciones, que tuvo su contestación por parte de los contribuyentes afectados en forma de reclamaciones. En este sentido, cabe recordar que cuando un ciudadano no está de acuerdo con algún acto de la Agencia Tributaria o de otra administración fiscal, antes de acudir a la justicia ordinaria, tiene dos posibilidades: presentar un recurso de reposición o acudir al TEAR, la opción que suelen aconsejar los profesionales ya que es muy difícil que prospere un recurso ante el mismo organismo que dictó la primera resolución. En cambio, el Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad estima total o parcialmente más de la mitad (el 53%) de las quejas que recibe.

Tanto es así que este organismo incluso se ha ganado fama de «facilón» entre los profesionales, lo que ha ocasionado que, a pesar del descenso general, las reclamaciones contra la Agencia Tributaria -que suele ser especialmente dura- sigan aumentando, según explica el secretario general del sindicato de técnicos de hacienda Gestha, José María Mollinedo. En concreto el año pasado fueron 20.500 frente a las 20.000 del ejercicio anterior.

En este sentido, uno de los apartados que más se ha incrementado en el último año son las reclamaciones contra «actos del procedimiento recaudatorio», es decir, contra embargos y órdenes de apremio. Eso sí, Mollinedo también advierte de que, ante la carga de trabajo de este organismo, con frecuencia sólo estima uno de los múltiples puntos que suele incluir cada reclamación, con lo que el contribuyente vuelve a recibir una liquidación por el resto, lo que obliga a recurrir de nuevo.

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