La Unió exige que las ayudas beneficien a los que obtengan el 25 % de ingresos de actividades agrarias

Una de las propuestas es la corrección de la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) actual. Se pide al Gobierno español que los perceptores de las ayudas sean aquellos agricultores y ganaderos que obtienen al menos el 25% de los ingresos de las actividades agrarias. Pero al establecer este requisito no quiere excluir la actividad agraria de sectores sociales del mundo rural y por ello pide que se contemple una franquicia para aquellos que sólo obtienen hasta 1.250 euros anuales. Además, la reivindicación para corregir la aplicación actual de la PAC tendría que establecer prácticas equivalentes consideradas como prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente para que no sea obligatorio abandonar capacidad productiva.

Por otro lado, la organización reclama una regulación de la venta a pérdidas que incorpore, además del precio de compra de los productos y servicios, los costes directos e indirectos de cada peldaño de la cadena alimentaria. Además, que, en el Estado español, se considere posición de dominio en la cadena alimentaria aquel que tenga una cuota del 8% del mercado. Solicita también incluir en la etiqueta de todos los alimentos el país de origen, dada la falta de reciprocidad de las producciones procedentes de países terceros en cuanto a las exigencias normativas europeas, ya sean fitosanitarias, de condicionalidad o laborales.

Productos perecederos

Del mismo modo demanda la obligatoriedad de informar a los consumidores de las diferencias normativas de los productos procedentes de países terceros y los de la UE, tanto de su proceso de producción o post-cosecha como de las materias activas no autorizadas en la UE, aunque tengan permitido un LMR en el mercado comunitario, etc.; así como evitar el oligopolio en la concesión de autorizaciones en los formulados de materias activas de productos fitosanitarios.

Ante la infestación por plagas y enfermedades, como es el caso de la Xylella fastidiosa, se exige el incremento de los controles e inspecciones en los Puntos de Inspección Fronterizos de las producciones agrarias procedentes de países terceros; el establecimiento de unas indemnizaciones justas y compensatorias a las personas agricultoras afectadas, incluyendo el lucro cesante; la aplicación rigurosa de los planes de contingencia aprobados y el establecimiento de planes de reestructuración agraria para las zonas afectadas.

Así mismo, se exige la implantación de un gasóleo profesional agrícola, ganadero y forestal con un impuesto especial de hidrocarburos exclusivo de 0,021 euros por litro, el mínimo establecido por la Unión Europea, así como la aplicación de un IVA reducido del 10%.

Y reclama hacer extensivo este gasóleo profesional a todos los usos profesionales de las explotaciones (calefacción de invernaderos y granjas, vehículos de la explotación, etc), también de la aplicación del IVA reducido al conjunto de bienes y servicios empleados en la producción, a excepción a los que ya se los aplica un IVA superreducido.

También reclama la equiparación de las especialidades de cotización de los pequeños y medianos autónomos agrícolas, ganaderos y forestales cuando estos contraten trabajadores por cuenta ajena encuadrados en la cotización del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena del Régimen General de la Seguridad Social.

Luis Javier Navarro renueva

Por otro lado, la III Asamblea de Unión de Uniones ha renovado al miembro de la Comisión Ejecutiva (CE) de la Unió, Luis Javier Navarro, como miembro de su nueva ejecutiva. La nueva ejecutiva, integrada por siete miembros, ha elegido José Manuel de las Heras como coordinador estatal, que continuará al frente de la organización. Juan Miguel Montaner, miembro también de la CE de la Unió, entra a formar parte de la Comisión de Garantías Estatutarias.